Autoridades y empleados públicos, en tanto que ciudadanos, tenemos intereses particulares legítimos. Es inevitable que en algún momento de nuestra carrera profesional nos encontremos en alguna situación en la que alguno de estos intereses pueda entrar en conflicto con nuestro deber público, de manera que nuestro juicio profesional pudiera llegar a verse influido real, potencial o aparentemente por tal interés. Encontrarnos en una situación de riesgo como esta no es ningún problema. El problema consiste en no reconocer que hemos llegado a ella, y en no gestionarla de la manera adecuada para evitar cualquier sesgo en la decisión pública que tomemos en nombre de la ciudadanía.
La Oficina Antifraude de Cataluña ha publicado el informe «La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña». El coordinador del informe y director de Prevención de Antifraude, Òscar Roca, habla de él en el artículo «Conflictos de interés: una amenaza a la imparcialidad».
La Oficina Antifraude también ha organizado seminarios y ha elaborado diversos materiales sobre conflictos de interés, a fin de ayudar al ciudadano en la identificación y la gestión de tales conflictos.
Jornada sobre conflictos de interés. Parlamento de Cataluña, 24 de febrero de 2017
