La institución

Somos una institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña. Antifraude tiene como objetivo prioritario prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de información derivada de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

Velamos para que la actuación de los poderes públicos y sus representantes sea coherente con los valores de integridad, honestidad, transparencia, legalidad, neutralidad, imparcialidad y objetividad.

También actuamos como canal externo para comunicar infracciones de la Ley 2/2023 y ofrecemos soporte y protección a las personas informantes de acuerdo con la DA 7ª de la Ley 3/2023 de acompañamiento a los presupuestos.

El control de nuestra actividad corresponde al Parlamento de Cataluña, a quien rendimos cuentas. Depender del organismo que representa la soberanía de todos los catalanes y catalanas legitima nuestro trabajo, y garantiza su independencia.

La Oficina Antifraude de Cataluña fue creada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, y comenzó su actividad el último trimestre de 2009. Somos la institución pionera en el Estado español en el cumplimiento de los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Misión y funciones

Desde la Oficina Antifraude impulsamos iniciativas para consolidar sistemas de integridad en las instituciones del sector público, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno de la Generalitat, y promovemos los valores sociales que dificultan las conductas corruptas o contrarias al interés público. Somos una institución dirigida a promover y preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público en Cataluña.

En la Oficina Antifraude desarrollamos nuestra actividad en torno a tres ejes:

1. Prevención de la corrupción: promovemos e impulsamos buenas prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de la prestación del servicio público, y ofrecemos asistencia y apoyo a las administraciones y otros entes que configuran el sector público en Cataluña. También colaboramos en la formación y el asesoramiento del personal al servicio de las administraciones, elaborando herramientas y recursos y formulando propuestas y recomendaciones de acuerdo con los riesgos detectados, y a partir del seguimiento de la propia actividad de la Oficina. Asimismo, promovemos valores sociales que dificultan la aparición de comportamientos contrarios a la integridad en los sectores público y privado, y la tolerancia hacia dichos comportamientos.
2. Investigación de los casos de corrupción: primero, determinamos la verosimilitud de los hechos o de las conductas que han sido objeto de denuncia. El resultado de este análisis comportará la iniciación de actuaciones de investigación, o bien el archivo de dicha denuncia. Superada la fase de verosimilitud, se inician actuaciones indagatorias o de inspección de posibles casos concretos de uso o destino irregular de fondos públicos. También de las conductas opuestas a la probidad, o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho.
3. Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o sobre delitos e infracciones administrativas graves o muy graves: para desempeñar eficazmente esta función podemos tramitar e imponer sanciones y adoptar medidas provisionales en el marco del procedimiento sancionador.

Las administraciones públicas están obligadas a auxiliar de manera preferente y urgente a la Oficina Antifraude de Cataluña en las investigaciones e inspecciones que llevamos a cabo. Este deber de colaboración se extiende también a los particulares, las personas físicas o jurídicas, las administraciones públicas y las entidades incluidas en el ámbito de actuación de la Oficina Antifraude.

Desde Antifraude cooperamos con el resto de los órganos de control de la actuación de la administración, mediante el intercambio de información y experiencias y la coordinación de nuestras funciones.