24 de octubre del 2023. Fruto del XIII Encuentro de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude, celebrado el 16 y 17 de octubre en Barcelona, se ha emitido una Declaración con el fin de contribuir a la prevención y a la lucha contra la corrupción, así como a la protección de quienes la denuncian.

La Oficina Antifraude de Cataluña organizó el XIII Encuentro de la Red de Agencias y Oficinas Anticorrupción, celebrado en Barcelona, en la sede del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Durante el encuentro, se trató la aplicación de la Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción -entró en vigor el pasado 20 de febrero- que supuso la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En la Declaración de Barcelona se manifiesta que se contempla con profunda preocupación la supresión y debilitamiento de diversas estructuras e instancias de lucha contra la corrupción, tanto a nivel local como autonómico. Y se añade que eliminar estructuras como las Oficinas y Agencias Anticorrupción debilita el estado de Derecho y es contrario al deber derivado del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, consistente en construir instituciones sólidas que refuercen el estado de derecho y la justicia. También recuerda que es contrario a los compromisos establecidos por la convención de Naciones Unidas contra la corrupción que obligan a los poderes públicos a crearlos o, en su caso reforzarlos dotándolos de recursos y medios suficientes que garanticen su eficiente funcionamiento, independencia e imparcialidad.

En la Declaración también se hacen cuatro recomendaciones concretas. En primer lugar, se recomienda que se garantice la independencia de los organismos de prevención y lucha contra la corrupción ya existentes y se refuerce su capacidad mediante la asignación de recursos suficientes y el reconocimiento de las competencias necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones.

En segundo lugar, en la declaración se hace hincapié en que las medidas legislativas autonómicas y locales y su desarrollo no supongan regresión, retroceso o reducción en la prevención y lucha contra la corrupción ni en el nivel de protección de las personas informantes garantizado en el Estado español en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sino la introducción de disposiciones más favorables.

En tercer lugar, la Declaración recomienda que las funciones de prevención y lucha contra la corrupción y la protección de las personas informantes sean ejercidas en su ámbito territorial, por las autoridades autonómicas existentes, que cuentan con independencia (en la medida en que se configuran como entidades adscritas al Parlamento con especial blindaje) y experiencia acreditada en este ámbito.

La cuarta y última recomendación es que las medidas y disposiciones adoptadas para la prevención y la lucha contra la corrupción y la protección de informantes cuenten con la participación de la sociedad civil organizada y la representación de las personas denunciantes, contribución indispensable, apunta el escrito, para avanzar en la cultura de la integridad y la transparencia, en la defensa del interés público y en la mejora de la democracia.

Los miembros de la Red que han suscrito la Declaración de Barcelona son la Oficina Antifraude de Catalunya, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra y la Oficina Andaluza Antifraude. A título individual también han firmado la declaración la Sra. Rosa M. Sánchez, y el Sr. Simón Rego Vilar.