23 y 24 de marzo de 2023. La Oficina Antifraude de Catalunya ha presentado el Informe final del proyecto sobre 'Cumplimiento normativo e integridad en entidades del sector público institucional de Catalunya'. El estudio expone el resultado de la situación en Catalunya desde la perspectiva de la integridad en las entidades públicas empresariales y ofrece 50 recomendaciones dirigidas a las empresas públicas del sector público institucional de Catalunya, divididas en 14 ámbitos. Este informe ofrece un modelo de cumplimiento normativo que contiene los elementos esenciales útiles para el conjunto del sector público empresarial, para facilitar la implantación de los instrumentos de cumplimiento normativo e integridad en el seno de estas organizaciones.

El Informe se ha presentado en un Congreso organizado por la Oficina Antifraude y la Diputación de Barcelona (Diba), que se ha celebrado el 23 y 24 de marzo, en el que han intervenido los propios participantes del proyecto: profesorado de departamentos de Derecho de la Universidad de Castilla- la Mancha, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Santiago de Compostela, expertos de la Oficina Antifraude de Catalunya, así como de otros académicos a título individual. También han participado del proyecto y en el Congreso un equipo de profesores de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, que han realizado un informe comparativo.

En el acto inaugural del Congreso, el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Àngel Gimeno, ha manifestado que “este informe tiene peculiaridades. Va más allá de las posiciones defensistas del cumplimiento normativo, y se entiende como un sistema de integridad integral”. Gimeno ha añadido que “el informe es el resultado de una triangulación de la experiencia de las empresas, de los sólidos conocimientos de los académicos y de la experiencia de Antifrau, esta conjunción le da una fuerte solidez". Por otra parte, el presidente delegado del Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diba, Marc Verdaguer, ha destacado que "la integridad no es ninguna moda, debe contemplarse siempre en nuestra actuación. Se debe servir a la ciudadanía y tener un comportamiento ético." Por último, en el acto inaugural ha intervenido el catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Adán Nieto, que ha asegurado que “la elaboración del informe se ha creado a partir de una metodología que se ha fundamentado en el diálogo, sin poner en primer lugar la función fiscalizadora y consiguiendo crear espacios de diálogo y confianza”.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo del Subdirector técnico del Departamento segundo de fiscalización del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Vaz-Serra Meléndez, quien ha destacado que "el fomento de la integridad y la ética es lo que debe orientar el desarrollo de la fiscalización de entidades".

Acto seguido se ha presentado el Informe final del proyecto de cumplimiento normativo e integridad con cargo a los académicos que han colaborado en la elaboración del mismo. En el marco de esta presentación, la coordinadora del proyecto de cumplimiento normativo e integridad, Elisenda Escoda, ha aseverado que "la intención del proyecto es fijar unos estándares de cumplimiento normativo e integridad entre universidades y empresas". Adán Nieto ha explicado que las empresas públicas se habían hecho suyos los modelos de cumplimiento normativo de las sociedades mercantiles y olvidaron un aspecto esencial: debatir el papel de la administración propietaria, "y esto debe corregirse con urgencia". A su vez, el profesor de Derecho Penal de la UAB, Joan Baucells, ha remarcado que "las administraciones deben avanzar hacia el cumplimiento normativo público. La elección de cargos debería ser con criterios de selección profesionales, mediante la evaluación de competencias, entre otros factores”. El predoctoral de la UCLM, Luis Miguel Vioque, ha explicado que "el canal interno de alertas debe ser único y debe poder denunciarse cualquier tipo de irregularidad que afecte a la empresa". Por último, la profesora de Derecho Penal de la USC, Inma Valeije, ha afirmado que “las sanciones al código ético deben contemplarse en el convenio colectivo, y el régimen sancionador debe ser más imaginativo para penalizar. Se debe formar especialmente en mediación y valores éticos”.

En una mesa redonda moderada por la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Mercedes García-Arán, especialistas universitarios en Derecho Penal han expuesto las reflexiones sobre las conclusiones del proyecto: Fernando Vázquez-Portomeñe, catedrático de la USC, Fernando Navarro Cardoso, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Dulce Santana Vega, profesora de la ULPGC, y Antoni Cardona Barber, profesor de la UAB, han sido los integrantes de este debate.

Por la tarde del primer día de Congreso algunas de las empresas públicas que han participado en el proyecto han explicado su experiencia, han valorado el informe final y las recomendaciones para las entidades que participan en el proyecto. La primera de las tablas ha tratado sobre canales de alerta, regulación en materia de ética e integridad, análisis de riesgos, modelos de prevención de delitos y subvenciones. Guillermina Vinyoles, responsable de Buen Gobierno Corporativo de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, Carme Macías, Directora de Buen Gobierno de Transportes Metropolitanos de Barcelona, Verónica Abadías, abogada de la Dirección de Servicios Jurídicos de Barcelona Activa, Rafael Garzón, abogado y compliance officer de La Farga, han sido los representantes de algunas empresas, la mesa ha sido moderada por la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Míriam Cugat, y por la Técnica de Prevención de Antifraude, Elena Lacasa.

En la segunda mesa de la tarde los representantes de otras empresas implicadas en el proyecto han seguido con la valoración del informe, en este caso desde la perspectiva del reclutamiento y carrera profesional, contratación, conflictos de interés y formación. Los participantes en esta mesa han sido el auditor titular del órgano de control interno del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalidad, Josep M. Gallart, la Gerente del Consorcio Hospital Parque de Mar de Barcelona, Olga Pané, y la responsable de los Servicios Jurídicos de Red Audiovisual Local, Marta Insúa. Han moderado el debate el Jefe de Formación de Antifraude, Jordi Tres, y la Técnica de Prevención de Antifraude, Núria Valero.

El segundo día de Congreso ha comenzado con la experiencia de algunas empresas públicas italianas y ha sido moderado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad degli studi di Módena y Reggio Emilia, Luigi Foffani. En primer lugar, la becaria de investigación en Derecho Penal de la Universidad degli Studi 'Gabriele de Annunzio' Chieti-Pescara, Francesca Consorte, ha realizado una introducción a la normativa italiana sobre la prevención de los delitos contra la administración pública a través de los modelos de organización.

Después se ha dado paso al testimonio de las empresas públicas italianas, en las que Manuele Martinelli, del Consorcio Cosea de Castel di Casio (Bolonia), Marna Bernabini y Valerio Girani, del Instituto Scientifico Romagnolo para el Studio y el Cuidado dei Tumori di Meldola, y Paolo Maestri, de la Asociación Italiana de Auditores de Economía Social de Bolonia, han expuesto sus casos.

La Presidenta de la Asociación de Miembros de Órganos de Control de Italia, Mara Chilosi, ha profundizado en las relaciones entre la normativa anticorrupción y la normativa sobre responsabilidad penal de las entidades y sobre el papel del Órgano de Supervisión y el sistema de denuncias. Acto seguido, el profesor de Economía y Gestión de la Universidad de Trento, Ernesto D'Avanzo, ha hablado sobre responsabilidad empresarial, dilemas éticos y cumplimiento normativo.

La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Cattolica del Sacro Cuore y ex miembro del Consejo de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia, Nicoletta Parisi, ha continuado exponiendo la experiencia italiana, concretamente los problemas que han encontrado en la transposición de la Directiva de protección a los alertadores en la legislación italiana. Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Unitelma Sapienza, Vincenzo Mongillo, ha explicado la relación entre el órgano de vigilancia y el responsable anticorrupción y de transparencia en las empresas del sector público en Italia. Para terminar el blog sobre Italia, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad degli Studi de Ferrara, Gianluca Gardini, ha hablado de la transparencia como herramienta para prevenir la corrupción en la administración y en las empresas públicas.

La última mesa del Congreso ha tratado sobre las relaciones entre las administraciones públicas y los entes instrumentales del sector público, ha sido moderada por el catedrático de Derecho Administrativo de la UOC, Agustí Cerrillo. La Directora de Servicios de Análisis del Buzón Ético del ayuntamiento de Barcelona, Rosa M. Sánchez, ha explicado el funcionamiento del código ético del ayuntamiento y de las normas reguladoras del mismo, que ha afirmado que “tienen un efecto disuasorio” así como del buzón ético. A continuación, la Directora de Transparencia del AMB, Gemma Calvet, ha afirmado que sin régimen sancionador no se puede hacer nada con las personas que no se suman al código ético de las instituciones. Seguidamente, el Coordinador de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diba, Xavier Forcadell, ha asegurado que “los entes instrumentales están faltados de musculatura interna, también los matriz, carencia personal cualificado en cumplimiento normativo y en contratación, ser conscientes de la realidad”.

"En Cataluña tenemos un código ético que pretende servir a todos los entes públicos, que señala valores, se adoptó en 2021 y ahora lo estamos desplegando con la voluntad de que sea de referencia para toda Cataluña", ha suscrito la Subdirectora de Transparencia y Grupos de Interés de la Generalidad de Cataluña, Olinda Anía. La última intervención de la mesa ha sido de la Subdirectora General de Régimen Económico y Contratación de la Generalitat, Anna Ribas, quien después de afirmar que debe actuar con los principios de eficacia y eficiencia ha apuntado que encontramos que "hay una regulación extensísima en el sector público, a menudo son leyes muy antiguas y tienen una poca claridad evidente".

En la clausura del Congreso, la catedrática de Derecho Penal de la UAB, Míriam Cugat, ha apuntado: "Hemos iniciado un proyecto para dar respuestas a cuestiones sobre la aplicabilidad de los posibles delitos en las administraciones para informar de los riesgos penales a las entidades". Por último, el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha resumido los temas tratados: cumplimiento normativo, liderazgo ético, transparencia, protección de los alertadores y sobre la aplicación de la ley para que coincida con la realidad, entre otros.

Recomendaciones del Informe final Cumplimiento normativo e integridad en entidades del sector público institucional de Cataluña

El proyecto surgió mediante un convenio de colaboración que se inició en febrero de 2020 y que se ha realizado en los últimos tres años, en el que han participado diversas entidades públicas empresariales de Catalunya con el objetivo de facilitar su implementación. Éstas han cooperado mediante encuestas, entrevistas y talleres, que han servido para mostrar cómo está la situación en estos entes, han hecho sugerencias para la mejora y para cumplir con las máximas exigencias de integridad. El estudio pretende conseguir que las entidades públicas tengan programas de cumplimiento y planes de integridad rigurosos e implementados, además de sugerir la necesidad de un futuro observatorio para seguir su evolución.

El proyecto ha contado con la participación de 23 entes del sector público catalán escogidos con criterios territoriales, de tamaño y dependencia de diversas administraciones públicas. Los entes son: Agència Catalana de l’Aigua, Barcelona Activa, Barcelona Cicle de l’Aigua, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Consorci del Patrimoni de Sitges, Consorci Mar Parc de Salut, Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Fira 2000, Fira Internacional de Barcelona, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, Institut Català del Sòl, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (Imhab), La Farga Gestió d’equipaments Municipals, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Transports Municipals Del Gironès, Vallter y la Xarxa Audiovisual Local, SL.

El estudio propone 50 recomendaciones a las empresas públicas catalanas agrupadas en 14 ámbitos, de las cuales hacemos un resumen destacando las más importantes:

1er ámbito. Cuestiones generales de los programas de cumplimiento y de integridad, que deben fundamentarse en una cultura de la legalidad basada en la promoción de valores éticos y deben disponer de controles y procedimientos internos adecuados, deben establecer medidas de forma proporcional a los riesgos de incumplimiento.

2º. Cumplimiento normativo de las administraciones propietarias. Se recomienda a las administraciones que previamente a la creación de una empresa pública u otra organización de la administración institucional, debe elaborarse una memoria que justifique su creación, y señalar por qué sus funciones no pueden ser ejercidas por otra entidad. También exige un programa de cumplimiento que garantice la integridad en la gestión de las entidades dependientes, y se realiza una enumeración de los 8 requisitos que debe tener este programa.

3º. Atribución de responsabilidades en materia de cumplimiento normativo. Los órganos de gobierno de las empresas públicas son responsables de diseñar, implantar y supervisar dentro de su organización un programa de cumplimiento y de publicar anualmente un plan de cumplimiento normativo que señale los principales riesgos a tratar y las medidas de control que se deben implantar. Toda empresa pública y de la administración institucional debe tener un oficial de cumplimiento (compliance officer), dotado de autoridad y autonomía suficientes, que informará al órgano de dirección.

4º. Análisis de riesgos. Todas las actividades o procedimientos que realiza la empresa debe ser objeto de análisis de riesgos. El órgano de dirección priorizará anualmente el tratamiento de los riesgos. Se realizarán revisiones del análisis de riesgos periódicos y siempre que se produzcan cambios en la actividad de la organización o modificaciones normativas. En el análisis de riesgos deben participar expertos independientes en la entidad.

5º. Códigos éticos. Los órganos directivos deben desarrollar, aplicar y comunicar códigos éticos o de conducta internos, que deben establecer los valores de cada institución y concretarlos en normas de conducta.

6º. Canales de alerta. Las administraciones deben disponer de un canal de denuncias abierto a los empleados, proveedores, antiguos empleados, licitadores y solicitantes de empleo de los entes de la administración institucional bajo su control. El canal de alertas debe ser único y debe poder denunciarse cualquier irregularidad que afecte a la empresa.

7º. Difusión y formación. Los planes de formación deben adaptarse a los riesgos específicos existentes en cada puesto de trabajo, debe ser continua y debe evaluarse tanto su eficacia como los conocimientos adquiridos. La alta dirección del ente institucional o de la administración propietaria debe participar en los procesos formativos.

8º. Legitimidad del programa de cumplimiento. Las empresas y entidades del sector público institucional deben contar con expertos en el análisis de riesgos. Los empleados deben participar en la elaboración, implementación y revisión del programa de cumplimiento, en relación con aquellos riesgos que les afectan directamente.

9º. Reacción frente a las infracciones. Las sanciones disciplinarias son necesarias para garantizar la efectividad de los programas de cumplimiento, respetando el principio de proporcionalidad.

10º. Revisión y evaluación. La revisión del programa de cumplimiento de forma periódica o cuando se hayan producido cambios legales es obligada. La revisión es un proceso interno en el que deben participar expertos y portadores de intereses, con el objetivo de evaluar la efectividad de los controles.

11º. Transparencia. Las obligaciones de transparencia constituyen parte esencial de los programas de cumplimiento e integridad. La existencia de una política de transparencia, integrada dentro del cumplimiento e integridad, proporciona mayor seguridad jurídica. Es necesario que se publiquen las agendas, viajes y obsequios recibidos por altos cargos y personal. La información que se ofrece debe ser congruente, completa y reutilizable. Las entidades deben tener un registro de las solicitudes.

12º. Conflicto de intereses. Es necesario que los entes del sector público tengan una definición de conflicto de intereses adaptada a sus características en su código ético, con un amplio catálogo de ejemplos que muestre las situaciones en las que pueden producirse los conflictos de intereses y cómo debe actuar en cada caso. Debe extenderse a todos los miembros de la organización y a terceros que colaboren.

13º. Irregularidades en la contratación pública. Es necesaria profesionalización, especialización y formación continuada de las personas que intervienen en procesos de contratación. La transparencia debería extenderse a cuestiones como la necesidad de contratación, las incidencias especiales existentes en la vida del contrato, y las producidas durante la fase de ejecución. Los contratos menores deben publicarse, acompañados de un informe justificativo.

14º. Subvenciones públicas. Las administradoras propietarias de sociedades mercantiles son las principales responsables de que las subvenciones y ayudas que otorguen consigan la finalidad de la subvención. Se deben establecer protocolos internos que garanticen que la información que aportan a las entidades concesionarias de subvenciones, desde el momento de la solicitud hasta la justificación final, es completa y veraz.

 

Jueves 23 de marzo de 2023

 

Viernes 24 de marzo de 2023