29 de noviembre de 2023. La red NEIWA de autoridades europeas para la integridad y la protección de las personas alertadoras ha expresado su preocupación ante el proceso de cierre en un futuro próximo de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, mediante un comunicado de su Junta. Después de que los miembros recibieran la información sobre el cierre de la oficina balear transmitieron este mensaje de preocupación, donde muestran la importancia de que las personas informantes estén protegidas con los mismos estándares en toda la Unión Europea, en línea con los objetivos de la red NEIWA.

Además, la Junta de la red NEIWA en su comunicado remarca que “teniendo en cuenta que actualmente no se ha establecido ninguna autoridad central de protección a nivel central en España, instituciones como la oficina de Baleares son el principal referente para la protección de las personas denunciantes cubiertas por la Directiva 1937/2019 de la UE y la legislación nacional que transpone esta Directiva y, por tanto, pueden tener un papel crucial para mantener los estándares de protección existentes”.

La Junta de NEIWA recuerda que la Unión Europea está trabajando en una estrategia de lucha contra la corrupción de la UE, que se desarrollará en consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, para maximizar el impacto y la coherencia de las acciones de la UE, incluida una nueva Directiva de lucha contra la corrupción, que prevé en el artículo 4 la creación de órganos especializados de prevención y control en la lucha contra la corrupción y garantizar los recursos y la formación adecuados a las autoridades encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

Y también apunta en el comunicado que la misión de la Red es coordinar los esfuerzos de todos los miembros hacia el fortalecimiento de la protección de las personas denunciantes, mediante el intercambio de conocimientos y prácticas, el mantenimiento y la promoción de estándares internacionales reconocidos para la protección de las personas denunciantes, así como su integridad en las relaciones laborales, según la Directiva UE 1937/2019.