Todo ente público se crea para lograr determinadas finalidades de interés general. Para conseguirlas, a dicho ente se le otorgan ciertas potestades y recursos (materiales, personales, económicos, etc.) La gestión profesional implica que:
- la organización diseña y comunica unas políticas en las que establece los objetivos que persigue en su ámbito de actuación, cuyo encaje con los destinatarios y el interés general contrasta;
- se asignan los recursos disponibles en función de tales políticas;
- se dispone de procesos y sistemas de trabajo que garantizan que la operativa se ajusta al marco legal y a los principios y valores públicos;
- se planifica la manera más eficaz, eficiente y económica de alcanzar los objetivos previstos;
- se evalúa el grado de cumplimiento y la calidad de los resultados, y se establecen las mejoras necesarias;
- se rinden cuentas a la ciudadanía de forma activa e inteligible.
Esta profesionalidad condiciona el funcionamiento operativo de la institución: el grado de eficiencia y legalidad tanto de los bienes y servicios públicos ofrecidos —o de las funciones públicas desarrolladas por la institución— como de la gestión de los recursos humanos. Y resulta trascendental para la institución porque muchas de las brechas en su integridad (conductas ilegales o simplemente carentes de ética), o las oportunidades de corrupción, se producen precisamente por faltas de eficiencia, déficits de planificación o de comunicación en el seno de la organización o bien entre instituciones, etc.
Gestión profesional de los recursos humanos
La forma de gestionar los diversos subsistemas de recursos humanos (selección, promoción, dirección de equipos de trabajo, formación, evaluación de resultados, remuneración, reconocimiento, etc.) incide directamente en la profesionalidad y el talento del equipo humano de una organización.
Los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad en la selección y la promoción profesional se proponen garantizar el acceso de las personas más capacitadas a las diversas posiciones y cargos de la organización y, por lo tanto, su buen funcionamiento.
Los equipos de trabajo, ¿se dirigen de forma que se asegure el buen funcionamiento, así como la detección y corrección de las deficiencias y desviaciones? ¿Se garantiza la correcta gestión de los potenciales conflictos de interés de las autoridades y el personal (por segundas ocupaciones, al recibir regalos y atenciones diversas por ocupar un cargo o puesto de trabajo específico, en el momento de dejar el cargo público para irse al sector privado, etc.)?
Gestión profesional de los servicios y funciones públicas
A todo ente público se le encomiendan unas atribuciones determinadas. Puede tener funciones reguladoras; de provisión de determinados servicios públicos; de inspección o supervisión; de fomento de ciertas actividades consideradas necesarias para el interés general; sancionadoras, etc.
La profesionalidad con la que se gestionan estos servicios y se ejecutan los programas (cómo se planifica, cómo se ejecuta, cómo se evalúa y cómo se ponen en marcha las mejoras necesarias para garantizar eficiencia y calidad), así como el grado de transparencia y el rendimiento de cuentas, son aspectos clave desde el punto de vista del fomento de la integridad y de la prevención de la corrupción.
Ello se debe a que buena parte de las «oportunidades» de abusos de la posición pública en beneficio privado, así como las conductas ilegales o impropias, se producen por ineficiencias en la ejecución de los servicios y las funciones públicas (plazos demasiado largos, oferta de servicios claramente inferior a la demanda social, criterios de decisión pública desconocidos, procesos opacos, etc.). ¿Cómo se miden y gestionan todos estos indicadores de la gestión pública en una organización?
