29 de septiembre de 2021. La Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España ha celebrado su 8ª encuentro en el marco del VI Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Alicante entre el 27 y el 29 de septiembre.

A lo largo de dos sesiones las agencias y oficinas antifraude han debatido y reflexionado sobre diferentes cuestiones relacionadas con su ámbito de actuación y muy especialmente sobre la situación en que se encuentra la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva whistleblowers.

Después de los trabajos desarrollados se ha adoptado una declaración institucional que ha sido leída en el plenario del Congreso y en la que se urge a las autoridades competentes de la transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva al desarrollo del marco legal, advirtiendo que el plazo para la finalización de los trabajos concluye el 17 de diciembre de este año.

En esta misma declaración se recomienda a los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas a fomentar la cultura de la denuncia; promocionar los canales de alerta; reconocer la ejemplaridad de los que denuncian; garantizar la confidencialidad; proteger a las personas alertadoras; promover e implementar acciones correctoras; facilitar a las personas denunciantes y alertadoras medidas de apoyo, así como desplegar acciones de difusión, formación y sensibilización.

La declaración institucional ha sido suscrita por la Oficina Antifraude de Cataluña; el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado; la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona; la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Además de los organismos que han suscrito la declaración, en el encuentro han participado otros organismos como la Dirección de Servicio de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; el Consejo de Cuentas de Galicia; la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid.

En este encuentro también han sido invitados representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Tras la lectura de la declaración institucional se ha celebrado un Seminario sobre la Directiva Europea de protección de las personas denunciantes de corrupción en la que participaron como ponentes Rosa Sánchez, directora de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; Jaime Far, Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares y Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

En el marco del seminario, el Director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña, Joan Xirau, manifestó que la experiencia de Antifraude sobre el uso de las denuncias anónimas es que el anonimato no afecta a la calidad sino a la cantidad. Por otra parte, la Jefa de Legislación y Asuntos Jurídicos ha añadido que las denuncias anónimas han existido siempre en el ámbito público y, después de oficio, se han hecho las comprobaciones oportunas para asegurar su verosimilitud.

Por parte de la Oficina Antifraude han participado en las jornadas el Director adjunto, Joan Xirau, la Jefa de Legislación y Asuntos Jurídicos, Rosa M. Pérez, y la responsable de Relaciones Institucionales, Lourdes Parramon.