29 de marzo de 2022. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado el Informe de cumplimiento de España sobre la Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que corresponde a la quinta ronda de evaluación de este organismo. El documento concluye que "España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de forma satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda".

En la lista de temas pendientes, el Grupo de Estados destaca la regulación del sistema de responsabilidad penal para los miembros del Gobierno, en referencia al aforo del que disfrutan los representantes del Ejecutivo. El GRECO recomendó a España que modificara el procedimiento especial de aforo, para que "no obstaculice el proceso de justicia penal respecto a miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción".

En cuanto a la transparencia, el GRECO asegura que la divulgación financiera de las personas con funciones ejecutivas superiores "se puede mejorar" a través de un mayor desglose. El Grupo de Estados recomendó ampliar el alcance de los requisitos de estas publicaciones para incluir información detallada sobre activos e intereses, así como incluir información relativa a los cónyuges y familiares dependientes. Sin embargo, el informe prevé desarrollos "prometedores" en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), concretamente en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas al sector público en toda la línea jerárquica, así como el desarrollo de una estrategia más integral en materia de lucha contra la corrupción.

Según el informe del GRECO, un avance positivo es la intensificación de la función de asesoramiento y supervisión de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Sin embargo, el tema de las competencias y recursos tanto de la OCI como del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "merece una mayor atención para que la ejecución de las diferentes iniciativas regulatorias previstas se convierta en una realidad, no sólo en la norma sino también en la práctica". La regulación de la actuación de los grupos de interés es todavía un tema pendiente.

En cuanto al nivel de cumplimiento de las recomendaciones que el GRECO hacía a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es "decepcionante". El informe subraya la ausencia de cualquier mejora concreta y fáctica realizada por la Policía y lo ve como "una oportunidad perdida para establecer una infraestructura de ética integral, proactiva y efectiva dentro de esta fuerza del orden". Sin embargo, el grupo de Estados observa que la Guardia Civil ha avanzado en su infraestructura ética (que, sin embargo, todavía no se ha materializado de manera efectiva) y en el desarrollo de una regulación más detallada sobre los procesos relacionados con la carrera, en particular, los sistemas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y los incentivos en el ejercicio. GRECO también reconoce que se han comunicado algunos avances valiosos, para promover la igualdad de género. Para concluir, el informe espera que las fuerzas y cuerpos de seguridad "realicen unas actuaciones tangibles, comprometidas y completas para cumplir las recomendaciones, como un tema prioritario y sin demora".