Simona Levi es una mujer polifacética, tiene un perfil artístico como directora y dramaturga, es también un activista digital. Es la cara visible del colectivo Xnet, trabaja por la defensa de las libertades civiles, la soberanía digital, el derecho a saber y lucha contra algunas de las amenazas actuales, como las fake news. Y, por supuesto, Simona Levi lucha contra la corrupción. Lo hace desde una perspectiva poco habitual, de no culpabilizar a la ciudadanía y responsabilizar a las instituciones y las corporaciones.
¿Qué valoración hace de la ley estatal?
Creo que es una oportunidad perdida. Fue una directiva por la que hemos luchado mucho desde la sociedad civil, que la luchamos muchos años para que sea una ley que proteja a las personas informantes o alertadoras de una manera integral. Denunciar abusos en tu país no debe ser una decisión heroica, sino que debería ser normal higiene democrática. Esta ley queda muy por debajo del umbral de lo correcto. Por ejemplo, protege a las personas que informan sólo de delitos graves y muy graves. Esto primero obliga a la persona a conocer a fondo el ordenamiento jurídico, saber qué se considera grave o más grave. Y además, hay un montón de cosas que son importantes para mejorar la gobernanza que se quedan fuera de esa protección.
Otro ejemplo, y es un aspecto muy importante, es que no se elimina la responsabilidad penal. Mucha de la información que llega para denunciar corrupción u otros abusos son datos que la persona no recibe normalmente, pero que encuentra en su puesto de trabajo, aunque no le corresponda, y que debe sustraer de alguna manera, o en cualquier caso no sería su responsabilidad tener acceso a esta información. Para poder denunciar estos hechos, que son de interés general, deben sustraerse de alguna manera. Pensamos en los correos de Blesa, las tarjetas black, el caso Snowden, el caso Luxleaks, la corrupción en las entidades, en todas las administraciones europeas, en todos estos casos no tendrían protección. Por lo que, esta ley está hecha para cubrir un expediente europeo, pero no está hecha con una voluntad de proteger a las personas que informan y, en consecuencia, de luchar seriamente contra la corrupción y otros abusos sistémicos.
En el sentido que usted decía, la entidad de la sociedad civil Win, de la que Xnet es miembro activo, se ha dirigido a la Comisión Europea para señalar precisamente algunos de estos efectos de la transposición en la normativa interna, en la legislación española. Concretamente, ¿a qué aspectos se refieren?
Cuando vimos que la transposición iba tan mal, pedimos a Win, nuestra federación europea, ayudarnos y nos escribieron. El board es un consejo directivo muy competente de personas de todo el mundo, con muchísima experiencia en temas de alertadores y de informantes. Escribieron una carta a la Unión Europea con nueve puntos, pongo tres ejemplos. Primero, se deja fuera el abuso de autoridad y esto es particularmente grave porque es algo que ocurre muy a menudo, porque es la puerta de acceso a otros tipos de abuso. Segundo, las personas alertadoras no siempre pueden utilizar los canales fijados porque muchas veces no llegan a tiempo o no son garantía de protección, por lo que la limitación a unos canales muy específicos no ayuda a que las personas puedan denunciar. Tercero, no existe una protección a actores importantes, como las organizaciones civiles como la nuestra, que somos intermediarias de personas que muchas veces se encuentran solas y necesitan ayuda para alertar.
¿No sé si en este comunicado que se ha hecho a la Comisión Europea en algún momento se habla de qué características debe tener la autoridad competente en la protección de los alertadores?
En este documento no, pero nosotros que llevamos trabajando mucho tiempo con este tema pensamos que, por supuesto, la independencia de la autoridad es fundamental. Pensamos que la protección de los alertadores significa proteger a una persona que está llevando pruebas para demostrar que el propio sistema está siendo corrompido o, en todo caso, comete abusos. Es muy importante que esta autoridad no tenga dependencia del propio sistema que debe proteger, porque de lo contrario el mecanismo no funciona. La independencia de la autoridad es fundamental.
En el Parlamento de Catalunya están a punto de aprobar la Ley de acompañamiento de los presupuestos, hoy 10 de marzo. En esta Ley de acompañamiento figura el reconocimiento de las competencias que debe tener la Oficina Antifraude como autoridad de protección de los alertadores. De hecho, el Parlament, con esta medida, será el primer parlamento que da este paso. ¿Qué le parece esta decisión?
Está previsto que se pueda depender de la central, pero aquí tenemos una autoridad histórica, Antifraude e, incluso en la proposición de Ley que hicimos hace tiempo, tanto la autoridad Antifraude en Cataluña como la de la Comunidad Valenciana están haciendo una función de proteger a las personas que le hacen llegar información en casos de corrupción. Es natural que la autoridad Antifraude vea ampliada sus competencias para poder ser también la autoridad que garantice la protección de los alertadores informantes. Normalmente la ampliación es también porque cuando hablamos de alertadores informantes no es sólo en casos de corrupción, puede que esto cambie algo cierta parte de las competencias de la autoridad porque entran otros abusos, como los medioambientales. Pero debemos pensar que aquí la función es la de proteger a la persona que denuncia o que hace llegar la información, no es la investigación sobre los temas sino decidir si la persona merece o no esta protección.
El Parlamento de Cataluña también otorga a esta autoridad independiente, en este caso en la Oficina Antifraude de Cataluña, la potestad sancionadora y también de ejecutar estas sanciones. ¿En Cataluña estamos yendo por buen camino?
Sí, sin potestad sancionadora no se podría realizar la actividad. Es fundamental que ambas cosas vayan conjuntamente, dar esa responsabilidad a Antifraude y al mismo tiempo darle la posibilidad de que se respeten sus decisiones. Sin embargo, nosotros pedimos una enmienda muy importante que no se ha aplicado, defendimos que es importante poner unos límites porque en la transposición de la ley no existen estos límites. Y se permite a la autoridad encargada de proteger alertadores e informantes a realizar requerimientos e, incluso, registros sin mandato judicial. Para nosotros esto es extremo, sobre todo si pensamos que esta autoridad no debe investigar los hechos. La protección del alertador o informante consiste en decidir si esa persona realmente está proveyendo una información útil y por eso merece una protección. No se la puede proteger sólo si esta información lleva a algún sitio. La decisión es previa. Permitir un exceso, extralimitarse en la potestad, creemos que no es correcto, pero la potestad sancionadora es indispensable.
Volvemos al Parlament de Catalunya, donde también han acordado sacar adelante la ley de protección de los alertadores catalana. Recordemos que ustedes en 2019 presentaron una proposición de ley de protección de los alertadores a la que se sumaron todos los grupos parlamentarios menos el Partido Popular. ¿Cree que es un buen punto de partida para debatir esta ley futura?
Sí, porque todo el trabajo estaba hecho. Nosotros participamos en la creación de la directiva. Hicimos una plantilla, hicimos esta proposición para España, y para Cataluña. Aquí en Cataluña tuvo todo el apoyo de los partidos que has mencionado. Hubo un debate en comisión, hubo comparecencia de muchas de las partes. Prácticamente el trabajo estaba hecho. Sería muy sorprendente que no se partiera de ese trabajo, que no era sólo nuestro, sino de muchísimos actores, por ejemplo la Oficina Antifraude, con quien en estos años trabajamos codo con codo para dar este marco de una manera consensuada, en el que casi estamos todos muy de acuerdo, desde la sociedad civil, nosotros, la Oficina Antifraude, la oficina del Ayuntamiento de Barcelona, que fue pionera en colaborar con nosotros para ofrecer a los ciudadanos un buzón anónima de protección. Hay unos actores que ya hemos hecho el trabajo y sería sorprendente que todo este trabajo se dejara de lado y se volviera a empezar.
¿Usted cómo se imagina este proceso de elaboración de la ley? ¿Se imagina un proceso participativo en el que tengan en cuenta estas voces, que han trabajado durante mucho tiempo este tema de protección de los alertadores?
Yo colaboro a menudo con la administración, creo que de los procesos participativos a veces se hace un abuso metodológico. Las entidades que hemos trabajado son las que he llamado antes, Xnet, Antifraude, algunos actores como la Directora de Transparencia del AMB, Gemma Calvet. Los actores que hemos hecho el trabajo hasta ahora son claros y debería trabajarse el texto que ya estaba debatido con estos actores. A partir de este texto se podría abrir un proceso participativo y no al revés, porque no todas las opiniones son tan informadas y competentes como las que llevamos 4-5 años trabajando. Y trabajando justamente cómo transponer esta ley al contexto de Cataluña.
Como lleva muchos años trabajando con este aspecto, ¿cuál cree que son los temas más claves que esta futura ley catalana no se puede dejar?
En Cataluña creo que tenemos la posibilidad de corregir los errores de la ley del Estado. Cómo hemos hecho con la ley de transparencia. O sea, una escasa ley de transparencia española, aquí podemos mejorarla, porque están las competencias, porque esos actores que he llamado estamos alineados con lo que hay que hacer. También a nivel de las autoridades existe este consenso de conseguir un nivel de garantía mucho más alto, una mejor calidad democrática, para corregir los errores y carencias de la ley española. Y también tenemos un hecho diferencial, aquí en Cataluña, nosotros implantamos el primer buzón anónimo que después se adoptó utilizando el software de Global Leaks, el primer buzón anónimo a nivel europeo dentro de una autoridad fue en el Ayuntamiento de Barcelona, después el de Antifraude de Cataluña, y después se replicó en otras doce instituciones catalanas. Somos pioneros en Cataluña de cómo hacer los buzones para que realmente garanticen el anonimato y la protección integral de la persona que denuncia, de modo que pueda hacer llegar información fundamental para mejorar la gobernanza y el interés general. Sin tener que exponer cuál es el objetivo. Creo que la ley es una oportunidad de poner en valor esa herramienta que tenemos ya consolidada. Además, la ley española tiene un déficit muy importante porque no define cómo deben ser. Nosotros llevamos denunciando varios años que hay muchos abusos de buzones que se llaman anónimas y no lo son, esto es muy peligroso porque la persona que denuncia cree que lo hace anónimamente pero se está registrando su IP. Aquí en Catalunya somos garantía de que esto no suceda, creo que la ley catalana debe ponerlo en valor.
En la Oficina Antifrau nos ha quedado claro que el anonimato funciona, pasamos de una media de 160 denuncias a más de 500 el año pasado. ¿Cree que todavía existen reticencias con el anonimato o ya se ha superado?
Siempre hay reticencias pero cada vez menos, cuando nosotros empezábamos con vosotros a poner en práctica todo esto, recordemos que decíamos: "pero esto es increíble, como puede ser incluso legal", y ahora es obligatorio. Ahora la autoridad dice que el anonimato no es peligroso. Las personas que lo practicamos vemos que realmente el anonimato pone más orden, impide el desorden, la calumnia y el caos de una información que circula sin tener un camino bien acotado, o es por experiencia o es por autoridad. Creo que paulatinamente esto se está asumiendo como una normalidad, aunque hay mucha reticencia, no está resuelto del todo.
