30 de septiembre de 2021. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado el Segundo Informe de Cumplimiento de España sobre la Prevención de la corrupción respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales, en la cuarta Ronda de Evaluación. El documento concluye que "España ha realizado progresos en la implementación de las Recomendaciones que se consideraron, Dado que han cumplido seis de las once Recomendaciones que figuran en el informe de evaluación".

En el informe del GRECO se manifiesta que "le complace observar que se ha aprobado el Código de Conducta de las Cortes Generales (Congreso y Senado)", conjuntamente con la creación de un registro dedicado a su cumplimiento, la Oficina de Conflictos de Interés. El Código introduce, entre Otras cuestiones, Obligaciones reforzadas de Transparencia (incluida la información relativa a los contactos de diputados o Senadores con terceros), así como Requisitos adicionales de publicación.

Según el GRECO, "es necesario elaborar una Reglamentación específica sobre los grupos de interés". Y también puntualiza que se ha continuado trabajando para mejorar la transparencia y objetividad de los procedimientos de nombramiento para los puestos superiores de la Judicatura, pero que "se puede hacer más para racionalizar a los requisitos aplicables en esta esfera".

El GRECO dice en el informe que "una cuestión crítica es el sistema de selección del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y su percepción de la politización. Esto, es Motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en sitios superiores y las cuestiones disciplinarias ".

Por otro lado, el informe pone el foco en "la relación entre la Fiscal General y el Ejecutivo", que "es un tema que sigue siendo objeto de críticas públicas (papel respecto a su percepción de independencia), aunque se necesiten más esfuerzos para aumentar la autonomía y la transparencia en este sentido".

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