¿Cualquier denuncia de infracción hecha por la persona informante da derecho a protección?

(Artículo 2)

No. La Ley 2/2023 otorga protección únicamente a las personas que informan sobre las infracciones recogidas en un ámbito material limitado.

Por una parte, está circunscrita a determinadas infracciones del Derecho de la Unión. Se trata, por ejemplo, de infracciones en los ámbitos de la contratación pública; servicios, productos y mercados financieros; prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección contra las radiaciones y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos; salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la intimidad y los datos personales; y seguridad de las redes y de los sistemas de información.

Por otra parte, se amplía (no previsto en la Directiva) a las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

El hecho de que la Ley adopte un criterio formal hace inevitable que por una parte, deban considerarse incluidas en la protección legal algunas conductas, de cierta entidad, que ya disponían de tratamiento específico en protocolos ad hoc, como es el caso de el acoso sexual o del acoso laboral. Por otra parte, la Ley excluye expresamente "las informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante ya las personas a las que se refiere la comunicación o revelación". Debemos concluir, pues, que será necesario un análisis ponderado de los elementos concurrentes en cada caso para determinar qué informaciones o comunicaciones quedan sometidas a la protección de esta Ley y cuáles quedan fuera.