Antifraude presenta un Estudio sobre los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos

El trabajo ha sido desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) y coordinado por la Dirección de Prevención de Antifraude

El estudio aborda la relación entre la corrupción y los derechos humanos, e incluye un análisis de casos investigados por la Oficina y sus afectaciones sobre los derechos humanos

Presentación del Estudio sobre los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos

6 de mayo de 2020. La Oficina Antifraude de Cataluña ha organizado esta tarde la sesión en línea de presentación del "Estudio sobre los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos". La presentación del seminario ha corrido a cargo del director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno. La presentación del estudio y de una guía práctica para su divulgación ha sido a cargo del director de Prevención de Antifraude, Oscar Roca, la técnica de Prevención de Antifraude, Elisenda Escoda, el responsable de investigación del IDHC, Karlos Castilla, y la responsable de formación del IDHC, June Orenga.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, explicó que se encargó el estudio al IDHC porque "con los años de experiencia adquirida con las investigaciones de Antifraude, nos dimos cuenta de que existe un vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. La corrupción conlleva la pérdida de confianza de la ciudadanía y consecuentemente un deterioro de las instituciones y de su acción". La idea de elaborar este trabajo, tal y como ha dicho el director de Prevención de Antifraude, Òscar Roca, "surge de los resultados del curso de verano 2,018 de Antifraude 'Corrupción, desigualdad y confianza' y la constatación de los efectos nocivos de la corrupción en la ciudadanía".

El trabajo aborda la relación entre la corrupción y los derechos humanos e incluye un análisis de casos investigados por la Oficina, donde se identifican vulneraciones de derechos humanos derivadas de los actos corruptos. "Entregamos las conclusiones de unas 50 investigaciones de la Oficina Antifraude como objeto de estudio", ha concretado la técnica de Prevención de Antifraude, Elisenda Escoda, "para reforzar la centralidad de las personas que sufren actos de corrupción". Además, como ha remarcado Gimeno, "propone una serie de herramientas para ser utilizadas por Antifraude, tanto en las actuaciones preventivas como en las de análisis e investigaciones, con un enfoque de género y basado en derechos humanos".

El principal objetivo del trabajo es proporcionar un marco de reflexión y actuación que haga posible la aplicación de los principios y mecanismos de derechos humanos en los programas de lucha contra la corrupción.

Passos per determinar possibles violacions dels drets humans a partir de la corrupció

El estudio describe de manera precisa la relación entre los actos de corrupción y los derechos humanos, y cómo identificar los casos donde los actos de corrupción implican vulneraciones de derechos. Según el estudio, tal y como ha dicho el responsable de investigación del IDHC, Karlos Castilla, "en todos los actos de corrupción (sobornos, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros) puede darse una afectación patrimonial al Estado y, por tanto, un impacto negativo en los derechos humanos, pero no en todos se identifican víctimas directas, indirectas o remotas de esta afectación, comportando violaciones de derechos humanos".

La lucha contra la corrupción sólo puede ser plenamente eficaz a través de un enfoque basado en derechos humanos y de género

En las conclusiones, el trabajo señala que rara vez los pronunciamientos de las diferentes oficinas e instituciones anticorrupción hacen referencia expresa a los valores ya las normas propias de los derechos humanos, y hace un llamamiento a describir de manera precisa los vínculos entre los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos. También se ha constatado que "los impactos de la corrupción son diferentes y afectan a la población más desfavorecida, que en el caso de la perspectiva de género son las mujeres" dijo June Orenga, responsable de formación del IDHC, que ha señalado que "en el estudio de la corrupción, el enfoque de género como análisis diferenciado de cómo afecta a mujeres y hombres por separado es muy reciente". Además, el trabajo considera necesaria una especial protección de las personas alertadoras, "es fundamental tener en cuenta la protección de los denunciantes de corrupción (alertadores) desde el enfoque de género y basado en derechos humanos en la lucha contra la corrupción".

El estudio también concluye que la visibilización de casos emblemáticos permite conocer hechos específicos de corrupción a través de un análisis jurídico que establezca los derechos violados, las características de las víctimas y las tipologías de los actos de corrupción. Por lo tanto, "si bien es cierto que la lucha contra la corrupción desde un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva de género requiere un fortalecimiento de las obligaciones de la administración (nacional, autonómica y local) y del impulso del ámbito internacional, también necesita de un trabajo constante de sensibilización social en varias direcciones".

Recomendaciones del estudio

El Estudio sobre los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos señala las siguientes recomendaciones con el objetivo de concretar los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos para consolidar un discurso riguroso que permita apoyar el argumentario de las actuaciones y resoluciones de los organismos de prevención de la corrupción:

  1. Fortalecer el vínculo entre las medidas de protección de los derechos humanos y las estrategias de lucha contra la corrupción, sin pretender que las agencias o las oficinas anticorrupción se transformen en organizaciones de derechos humanos, ni tampoco lo contrario -que las organizaciones de derechos humanos se conviertan en organizaciones anticorrupción-.
  2. Incorporar y desarrollar el enfoque basado en derechos humanos en la implementación de las estrategias de lucha contra la corrupción.
  3. Integrar también el enfoque de género en las estrategias anticorrupción a fin de transversalizar el género en las políticas anticorrupción, acompañadas de dotación presupuestaria. Involucrar activamente a las mujeres, generando mecanismos de seguimiento sensibles al género. Crear mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo mecanismos seguros de denuncia, para las mujeres, que sean transparentes, independientes, accesibles, seguros, de fácil uso y con sensibilidad de género.
  4. Implantar el estándar para la determinación de la existencia de posibles violaciones de derechos humanos a partir de la comisión de actos de corrupción competencia de la Oficina Antifraude y, con ello, prevenir y alertar de esta realidad al personal ya los altos cargos, siguiendo los pasos propuestos en el estudio.
  5. Explorar el fenómeno de la corrupción más allá de los límites económicos y de gestión pública, y establecer las diferentes dimensiones que conforman la relación entre corrupción y derechos humanos; cuestión relevante a la hora de diseñar, implementar y controlar las políticas públicas destinadas a prevenir y reprimir la corrupción como parte de la plena garantía de los derechos humanos en una sociedad democrática.
  6. Difundir el presente estudio y hacer formaciones entre el personal de Antifraude, entre el funcionariado de las diversas administraciones de Cataluña y entre la ciudadanía, a fin de conseguir una mayor sensibilización social en la lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Esta tarea de sensibilización social debería extenderse también al papel de los medios de comunicación y la protección de los alertadores.

Antifraude ha promovido este trabajo con el fin de incorporar el conocimiento y recomendaciones generadas a la actividad que desarrolla desde las diferentes tareas y funciones de la Dirección de Prevención (asesoramiento, apoyo, formación, recomendaciones), y también estimular los poderes públicos que han de diseñar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra la corrupción. De este modo, el estudio pretende posibilitar que las oficinas anticorrupción y las organizaciones de derechos humanos trabajen de manera conjunta para desarrollar estándares y códigos de conducta para combatir la corrupción y, sobre todo, interpretar progresivamente la agenda de derechos humanos como una agenda anticorrupción.