20 de noviembre de 2020. La Oficina Antifraude participa en la "Jornada sobre las Recomendaciones para los sistemas de contratación pública en tiempos de crisis", organizada por el Parlamento de Cataluña y donde también ha participado el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, la intervención general de la Generalitat de Cataluña, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia.

En el marco de esta jornada, el director de Antifraude ha recordado que el pasado mes de abril la institución emitió unas Recomendaciones para prevenir los riesgos en el ejercicio de las potestades públicas durante la crisis de la COVID-19. Y, en este sentido, ha dicho "la celeridad con la que hay que actuar en esta situación no debe ir en detrimento del control del uso de los fondos públicos, por eso transmitimos la necesidad de crear un mecanismo de coordinación de los entes con responsabilidad de supervisión sobre el uso de fondos públicos".

En este sentido, Gimeno también ha remarcado que "medidas de emergencia sí, pero con transparencia y rendición de cuentas para controlar que las políticas públicas cumplen, de manera legítima, su propósito" y ha añadido la necesidad de garantizar la trazabilidad de los procesos decisorios, documentando los procesos, las personas que han intervenido y los canales empleados.

Finalmente, recordó que el citado documento recomienda al Gobierno de la Generalitat que haga una evaluación exhaustiva, objetiva e imparcial de las políticas públicas adoptadas para gestionar esta crisis y que haga público el informe de los resultados.

La Jornada, que se ha celebrado esta mañana en línea y ha sido presentada por el periodista Xavier Graset, tiene como objetivo analizar los riesgos en la garantía de los principios de transparencia y buen gobierno derivados de la situación de excepcionalidad y urgencia que vivimos. Un análisis hecho con representantes de las administraciones y de las instituciones de control para plantear posibles medidas para preservar el funcionamiento impecable de las administraciones públicas de Cataluña.