22 de mayo de 2024. La Oficina Antifraude de Cataluña pone en marcha un programa piloto dirigido a personas condenadas por delitos de corrupción pública y que funcionará como medida penal alternativa. A las personas participantes se les suspenderá la pena a condición de participar en un programa diseñado para trabajar las causas del delito y sensibilizar a las personas penadas de los efectos negativos de la corrupción. Se trata de una iniciativa novedosa que llena un vacío en el ámbito de las medidas penales alternativas en este delito. En la prueba piloto participan cuatro personas condenadas.

El programa se pone en marcha de la mano del Departamento de Justicia y han sido los propios jueces sentenciadores quienes han hecho una petición de medidas penales alternativas que el Departamento ha vehiculado y Antifraude ha dotado de contenido. Los recursos didácticos y contenidos del programa piloto han sido proporcionados por Antifraude, que ha contado con el criterio técnico del equipo profesional del Área de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia para que las actividades estén alineadas con la intención educativa y rehabilitadora que la actividad de formación debe mantener.

El reconocimiento de la actividad delictiva como motor de cambio personal

Este programa tiene como objetivos generales propiciar un reconocimiento de la actividad delictiva y motivar hacia el cambio, contribuir a la reconstrucción de la identidad personal mediante narrativas de desistimiento, trabajar sobre los mecanismos neutralizadores de la responsabilidad delictiva para contribuir a la integración de valores cívicos y prosociales, con especial énfasis en los principios y valores que deben guiar la actuación profesional pública. Por último, el programa busca prevenir la aparición futura de conductas delictivas.

Las personas destinatarias del programa son principalmente funcionarios públicos condenados penalmente por delitos vinculados a la corrupción pública. La reinserción en la comunidad se realizará a través de la exploración y el trabajo sobre los valores del servicio público, la gestión de los riesgos de corrupción y los instrumentos disponibles para fortalecer la ética, la integridad y la transparencia de la Administración Pública.

Seguimiento personalizado a los participantes

La duración del programa es de 30 horas y se estructura en 9 bloques temáticos. El primero es una entrevista personal a la persona destinataria para evaluar su situación y compromiso hacia el programa, fomentar su participación y estimar su motivación hacia el cambio de su conducta.

La parte central del programa está formada por 7 bloques: percepción de la corrupción y actitudes ciudadanas; dilemas éticos; gestión de los conflictos de interés; transparencia y acceso a la información pública; denuncia de la corrupción y protección de las personas alertadoras; e impacto de la corrupción. Se combinan actividades online y presenciales, desde cápsulas autoformativas o cursos abiertos, hasta materiales divulgativos y reflexiones guiadas, individualmente o en grupo reducido, con soporte audiovisual.

El último blog, el noveno, también será una entrevista con los usuarios del programa para evaluar su evolución y el trabajo realizado sobre los contenidos del programa y el cambio de actitud y valores de los propios usuarios.

A lo largo de todo el programa, se intervendrá sobre el amplio abanico de factores que causan o amplifican el comportamiento antisocial, que erróneamente suele asociarse a la marginalidad, y que erosiona bienes preciosos como la confianza entre las personas y hacia las instituciones, la igualdad de oportunidades o la cohesión social. También se actuará sobre los imaginarios compartidos (las nociones de bien común, servicio público, imparcialidad, lealtad, etc.) y sobre las dinámicas grupales y adhesiones corporativas -decisivas en la normalización de la corrupción a base de procesos de rutinización, racionalización, justificación y, en su conjunto, la socialización de determinadas conductas— que resultan determinantes para modificar la intención delictiva, reducir la reincidencia y avanzar en la rehabilitación.