30 de septiembre de 2022. La Oficina Antifraude de Catalunya ha participado en el XI Encuentro de la Red Estatal de Agencias y Oficinas Antifraude, de la que forma parte, y que ha tenido lugar en el marco del VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena entre los días 28 y 30 de septiembre.

Los miembros de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude durante el XI Encuentro. Foto: Agencia Valenciana Antifraude

El encuentro ha transcurrido en dos sesiones donde las oficinas y las agencias han debatido y reflexionado sobre la situación en la que se encuentra la tramitación de la transposición de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva de los Whistleblowers. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y lo remitió para su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Este mediodía, los organismos que componen la red estatal han presentado la Declaración institucional conjunta fruto del XI encuentro. El texto recomienda que este proyecto de ley reconozca las demandas y propuestas de las autoridades y órganos, autonómicos y locales, que realizan ya funciones de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y el fomento de buenas prácticas. Las autoridades antifraude autonómicas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía y Navarra), de acuerdo con las leyes aprobadas por los parlamentos autonómicos, son entidades adscritas que ejercen sus funciones con personalidad jurídica propia y con plena independencia de las administraciones públicas. Estas autoridades y órganos tienen una experiencia importante, desde el ámbito público, que debe tener en cuenta el legislador, recoge la declaración conjunta.

La declaración también recomienda que la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 no puede constituir motivo para reducir el nivel de protección ya garantizado dentro del propio Estado español en los ámbitos que la propia Directiva regula, como son los canales de denuncia y la protección de las personas denunciantes. El texto considera que el proyecto de ley no ofrece una completa cobertura de las expectativas creadas ni de los compromisos adquiridos por el Estado español en 2006 con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas.

El texto concluye que la lucha contra la corrupción comporta la necesidad de aunar esfuerzos de forma coordinada, de realizar una correcta y rigurosa gestión de los fondos y recursos públicos aplicados a la satisfacción de los intereses generales. Esta coordinación debe permitir consolidar una cultura social de rechazo a la corrupción, reflejo de una avanzada sociedad democrática y de la confianza ciudadana en las instituciones y administraciones públicas, a través de la ejemplaridad de quienes las sirven.

La Declaración ha sido firmada por la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, ​​la Agencia Valenciana Antifraude, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, la Oficina Andaluza Antifraude y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.

VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto

El congreso ha centrado su atención, entre otras cuestiones, en el intercambio de experiencias profesionales y reflexiones académicas sobre la transparencia y materias afines como la participación, el desarrollo del Gobierno Abierto, la rendición de cuentas, la gestión pública responsable, la regulación de los lobbies, la lucha contra la corrupción y la integridad pública. Esta reunión internacional ha contado con más de 700 inscripciones, 150 ponencias y 24 grupos de trabajo.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha intervenido en la mesa redonda "La regulación de la protección de los denunciantes - Whistleblowers" junto con el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, el director del Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, y el jefe del Área de Asesoramiento de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, Jaume Cirer. Ha moderado la sesión el director de la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Granados.

El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, durante su intervención en el VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto

Durante su intervención, Gimeno reclamó que las oficinas y agencias de lucha contra la corrupción, como Antifraude, puedan tener capacidad sancionadora en casos de infracciones normativas y aplicar medidas protectoras a las personas que informen de estas irregularidades. En este sentido, el director de Antifraude ha manifestado que en el Proyecto de ley regulador de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción no quedan suficientemente claros los instrumentos legales para proteger a las personas alertadoras. "Nos felicitamos porque hay un proyecto de ley" ha aseverado Gimeno, "pero somos críticos porque se ha hecho deprisa y corrientes para evitar las sanciones con las que la UE amenazaba al Estado español por la falta de transposición de la Directiva”. Sin embargo, el director de la Oficina Antifrau se mostró esperanzado de que durante el trámite parlamentario de la futura ley se puedan mejorar estos aspectos.

Gimeno ha contextualizado la necesidad de transponer con mayor ambición la Directiva de protección de los alertadores recordando que en el Barómetro de Antifraude sobre la Corrupción en Catalunya: Percepciones y actitudes ciudadanas, uno de los principales motivos de los encuestados para no denunciar un caso de corrupción es la miedo a las represalias. El director de Antifrau también ha defendido que las denuncias puedan ser anónimas, como admite la Oficina Antifraude de Cataluña desde el año 2017, "actualmente" ha dicho Gimeno "el 70% de las denuncias que recibimos son anónimas y eso no influye porque el porcentaje de denuncias que se archivan es el mismo en las denuncias anónimas y en las nominales”.