23 de junio de 2020. En este sentido, la Oficina Antifraude, en el marco del día mundial de las personas alertadoras, que se celebra cada 23 de junio con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el importante papel de los alertadores en la lucha contra la corrupción, quiere exponer los siguientes puntos:

LAMENTA la desprotección que sufren actualmente las personas alertadoras, expuestas a una variedad de represalias (laborales, judiciales, personales), que requiere una cobertura plural (económica, jurídica, psicológica). Constatamos que a pesar del impacto individual, a menudo demoledor, estamos ante un problema social.

COMPARTE la necesidad de proporcionar protección a las personas facilitadoras, principalmente periodistas, y a terceras personas que apoyan el alertador/a.

RECONOCE el papel crucial de las personas alertadoras: para la detección y posterior persecución de todo tipo de lesiones al bien común, en sus diversas manifestaciones (salud pública, medioambiente, derechos humanos, etc.), y para la prevención de las conductas contrarias a la integridad; al mismo tiempo, representa un ejercicio de la libertad de expresión que es crucial en una sociedad democrática.

CONSIDERA especialmente necesaria la protección frente a los abusos en situaciones de excepcionalidad, como la gestión de la crisis sanitaria, en la que aumentan los riesgos derivados de la urgencia en la toma de decisiones y de los procedimientos de emergencia. Ante la tentación de recortar el acceso a la información y el control social es necesario fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio externo.

RECUERDA que el canal de denuncias de la Oficina Antifraude sigue plenamente operativo y a disposición de la ciudadanía para recoger (de manera completamente anónima) cualquier irregularidad vinculada a la pandemia y la gestión íntegra de los recursos comprometidos.

URGE los decisores públicos a desarrollar el marco legal que transponga la Directiva europea de protección de las personas que informen de las infracciones del derecho de la Unión (1937/2019) que sea fiel a la letra y el espíritu de la norma, fruto de la presión de la sociedad civil para un meritorio consenso entre los Estados.

ANIMA a las organizaciones, públicas y privadas, a avanzar en la implantación de canales seguros de denuncia y de mecanismos para su adecuada gestión.

ADVIERTE de la necesidad de acompañar el cambio legal con medidas complementarias, orientadas al cambio cultural y de mentalidad, que normalicen la denuncia como un acto cívico y de responsabilidad y no como una deslealtad o una traición.

RECLAMA las competencias necesarias para garantizar la inmunidad y la tutela inmediata de las personas a las que se reconozca la condición de alertador/a (inspección, sanción, evaluación y supervisión).

REAFIRMA el compromiso de acompañar y asesorar a las personas alertadoras, a pesar de las limitadas prerrogativas de que ahora dispone, de instar el cese de cualquier acción de acosos de que tenga conocimiento y de desplegar acciones de difusión, sensibilización y formación.