9 de diciembre de 2021. El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado esta mañana la memoria correspondiente al año 2020 ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlamento de Cataluña.

Gimeno ha aprovechado su comparecencia para recordar que hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. En su discurso, ha remarcado que según Naciones Unidas cada año se paga un billón de dólares en sobornos y calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales a través de la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Y ha añadido: “Nuestro objetivo es combatir este fenómeno desde la reacción, pero también desde la prevención. Una asignatura pendiente, no de la Oficina, a la que le dedica muchos esfuerzos. Debería ser una prioridad para todas las instituciones”. Y ha aseverado que Europa con sus exigencias para recibir los fondos Next Generation EU, concretados en los Planes de Medidas Antifraude, ha venido a recordarlo.

Gimeno ha proseguido su intervención con la presentación de las cifras más relevantes de la memoria y recordando que la actividad de Antifraude, a pesar de las consecuencias de la pandemia de la Covid, ha continuado con la misma diligencia por parte de los profesionales de la institución. “Hemos tenido cifras récord en la Dirección de Análisis e Investigaciones, hemos continuado dando formación y adaptado al contexto de la pandemia, desde la Dirección de Prevención se ha trabajado con una larga lista de proyectos y hemos continuado haciendo recomendaciones a los entes públicos para prevenir los riesgos en su actividad durante la crisis de la Covid”, ha manifestado Gimeno.

Sobre las cifras en concreto de denuncias recibidas, el Director de Antifraude ha querido comparar las cifras de 2020 con las actuales. “En 2020 llegamos a una cifra récord. Registramos 335 denuncias, un 97% más respecto a la media de la institución en el período 2010-2019. Este año, ya tenemos más de 400 denuncias registradas, un 20% más respecto al año anterior.” Gimeno también ha avanzado que en el ejercicio 2020, más de un 66% de las denuncias se recibieron por el buzón de denuncias anónimas, de las más de 400, registradas hasta el 30 de noviembre de 2021, un 71% de las denuncias se han presentado por este canal.

Gimeno pide la creación de un Grupo de Trabajo en el seno de la CAI para establecer un marco de relaciones estable que facilite el trabajo

Por otro lado, Miguel Ángel Gimeno ha pedido a los diputados buscar un marco de relaciones estable que facilite el trabajo conjunto -además de la rendición de cuentas que se hace con la presentación de la Memoria anual- para facilitar la ejecución de proyectos o debates que afectan a la Oficina. En este sentido, ha añadido que "en conversación con el presidente de la Comisión nos pareció que una buena forma podría ser la creación de un Grupo de Trabajo, en el marco de esta Comisión." Y ha pedido a los grupos parlamentarios que designen a los representantes para la creación del grupo.

El Director de Antifraude ha manifestado que en este grupo se podrían plantear cuestiones como la modificación de la Ley de la Oficina Antifraude, no sólo por cuestiones puntuales como las planteadas en la comisión hoy, sino en temas más primordiales. Gimeno ha pedido poder organizar la Oficina de la mejor forma posible. Y ha añadido: “como, por ejemplo, en la protección de las personas alertadoras, que tiene consenso parlamentario y social, pero que hasta ahora no está reconocida en ninguna norma. La Ley de la Oficina ya tiene 13 años y no contempla esta función que el paso del tiempo y la actividad económica nos demuestran que es absolutamente necesaria.” Al respecto, ha asegurado que “los ciudadanos de Cataluña que quieren alertar de infracciones del Derecho a la Unión no están protegidos al igual que la mayoría de ciudadanos europeos o que los ciudadanos de Valencia y Andalucía. En estos territorios las leyes de sus agencias antifraude ya contemplan la protección de los alertadores”.

La memoria de 2020 en cifras | Resumen ejecutivo

La Memoria 2020, que ha presentado hoy el Director de la Oficina Antifraude en la CAI, se entregó al Parlament de Catalunya el pasado 30 de marzo, y, tal y como ha detallado Gimeno, constata que 2020 fue un año en el que se alcanzaron cifras récord desde que Antifraude se puso en funcionamiento en el año 2009. En concreto, durante el 2020 se resolvieron el mayor número de expedientes de verosimilitud desde la puesta en funcionamiento de la institución, 276 expedientes de evaluación previa de verosimilitud.

El número de expedientes de evaluación previa de verosimilitud cerrados durante el 2020 creció en un 54% respecto a la media del período 2011-2019.

Una vez concluida la fase de análisis previo de verosimilitud de los 276 expedientes, el 26% ha dado lugar al inicio de actuaciones de investigación, mientras que se ha decretado el archivo del 73%. En el 1% de los casos, se ha acordado la interrupción del expediente porque se ha constatado que los hechos considerados eran objeto de investigación del Ministerio Fiscal, la policía judicial o la autoridad judicial penal, o bien se ha dado traslado a los órganos referidos de los correspondientes expedientes por considerarse la posible relevancia penal de los hechos en cuestión.

Desde el inicio de su actividad, en octubre de 2009, la Oficina Antifrau ha abierto un total de 2.080 expedientes de verosimilitud derivados de denuncias presentadas o incoados por iniciativa propia. Durante el año 2020 la Oficina Antifraude ha recibido un total de 335 denuncias, cifra récord desde su puesta en funcionamiento. Si se comparan con las de los ejercicios anteriores, se observa un importante crecimiento respecto a todos los años. Respecto a la media de denuncias recibidas en el período 2010-2019 (170), las del año 2020 están muy por encima (97%).

Más de un 66% de las denuncias se registraron por el buzón de denuncias anónimas

En cuanto a la tipología de las personas denunciantes, los datos de 2020 son: 222 denuncias/comunicaciones (66,3%) fueron presentadas mediante el buzón anónimo de denuncias; 63 (18,8%) por particulares; 20 (6%) por representantes de grupos políticos; 12 (3,6%) por funcionarios o trabajadores públicos; 12 (3,6%) por personas anónimas, pero no a través del buzón anónimo de denuncias; 3 (0,9%) por sindicatos; 2 (0,6%) fueron enviadas a la Oficina por otros organismos o instituciones, y 1 (0,3%) expediente de análisis de verosimilitud se incoaron a iniciativa propia.

De las denuncias recibidas en 2020, 22 denuncias estuvieron relacionadas directa o indirectamente con la Covid-19 y su gestión, y se abrió una actuación de investigación a iniciativa propia. De las 22 denuncias recibidas, cuatro superaron la fase de evaluación previa de verosimilitud y se iniciaron actuaciones de investigación.

Antifraude clausuró 48 actuaciones de investigación

Antifrau cerró 48 actuaciones de investigación durante el 2020 (se incluye 1 colaboración institucional) y 1 fue interrumpida al haberse constatado la concurrencia de los procedimientos judiciales correspondientes sobre los mismos hechos investigados.

De las 47 actuaciones de investigación cerradas, 11 fueron archivadas. Del resto se tramitaron:

• 30 informes razonados
• 2 recomendaciones razonadas
• 10 comunicaciones a autoridades competentes
• 10 comunicaciones al Ministerio Fiscal

Las actuaciones de investigación cerradas durante el año 2020 se repartieron mayoritariamente, en este orden, sobre casos concretos de irregularidades en materia de contratación pública; con cuestiones referidas a función pública; asuntos relacionados con el conflicto de interés e incompatibilidades; asuntos relacionados con urbanismo, y, finalmente, expedientes relacionados con subvenciones.

En 2020 fue el ejercicio en el que más medidas se adoptaron como consecuencia de las investigaciones de Antifraude

A raíz de las actuaciones realizadas por esta Oficina, las entidades afectadas comunicaron la adopción, en las respectivas organizaciones, de las medidas que se describen a continuación. Durante el 2020, se tuvo conocimiento de 49 medidas adoptadas. Se trata del año en el que se adoptaron más medidas derivadas de las actuaciones de la Oficina Antifraude.

Antifraude insta a los decisores públicos a desplegar el marco legal de la Directiva Europea de protección de los alertadores

Por lo que hace referencia a algunas de las acciones de la Dirección de Prevención de Antifraude, cabe remarcar que en el transcurso del año 2020, la Oficina formuló un total de 24 alegaciones en relación con proyectos normativos. Desde el Área de Legislación y Asuntos Jurídicos también se respondió a una consulta no vinculante y se resolvieron un total de 25 solicitudes de acceso a la información pública. De éstas, 11 fueron totalmente estimadas, 7 se estimaron parcialmente, 6 se resolvieron en sentido desestimatorio y en 1, la persona solicitante desistió de su solicitud. También se atendieron 5 consultas ciudadanas.

Durante este ejercicio, la Oficina Antifraude de Cataluña elaboró ​​una serie de acciones en torno a la Directiva europea de protección de las personas alertadoras.

En este sentido, la Oficina Antifraude ha urgido a los decisores públicos a desplegar el marco legal que transponga la Directiva europea de forma fiel a la letra y el espíritu de la norma, fruto de la presión de la sociedad civil para un meritorio consenso entre los Estados, a través de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y de la red NEIWA, de la que forma parte como autoridad de protección.

Antifrau adapta la formación impartida al contexto fruto de la COVID-19

En 2020 el Área de Formación de la dirección de Prevención logró llegar de forma directa a 610 participantes. La valoración media de satisfacción de la formación recibida por los participantes fue de 8,9.

El equipo de la Oficina participó en numerosos actos, seminarios, jornadas, congresos y otros foros abiertos a la ciudadanía, en su función de divulgación, en todos los ámbitos posibles.

Por otra parte, el Área de Formación organizó diversas Jornadas y actividades que, en su práctica totalidad, se desarrollaron online, adaptándose al contexto de pandemia.

El proyecto de riesgos para la integridad en la contratación pública llega a la fase final

A lo largo de 2020, se profundizó en el trabajo del proyecto transversal de prevención que ha sido prioritario en los últimos dos años, “Riesgos para la integridad en la contratación pública”, y en la elaboración de documentos de trabajo y herramientas que contribuyeran a la difusión de las primeras aportaciones en la fase de diagnóstico. De hecho, se publicó el último documento de trabajo de este proyecto Factores potenciadores y perpetuadores de los riesgos. Cómo se normaliza la corrupción en las organizaciones.

Además, desde la Dirección de Prevención se ha trabajado en una cantidad importante de proyectos: “Cumplimiento normativo e integridad” para una diversa tipología de entidades públicas del ámbito de actuación de la Oficina Antifrau de Catalunya, puesta en marcha proyecto “planes de integridad para los entes locales y guías para su elaboración”, impulsado por la ACM y la Oficina Antifraude, y la puesta en marcha del proyecto “Canal de asesoramiento ético”.

En el contexto de pandemia, Antifraude siguió apostando por hacer recomendaciones a los entes públicos, concretamente elaboró el documento 'Prevención de riesgos en el ejercicio de potestades públicas durante la crisis de la COVID-19'. En este documento emitido a principios de la pandemia, Antifraude recordaba a los entes públicos de Cataluña porque esta situación de pandemia potenciaba los riesgos en el ejercicio de las potestades públicas. Recogía recomendaciones tanto a corto como a largo plazo y facilitaba el acceso a recursos para prevención de riesgos desarrollados por la Oficina Antifraude de Cataluña.

Con la voluntad de hacer llegar posicionamientos propios y externos sobre temas que Antifraude considera clave para generar reflexión, se hicieron otras publicaciones: se han realizado diversas publicaciones como, por ejemplo, el estudio elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña sobre el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos.