9 de diciembre de 2020. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado esta mañana los resultados del barómetro La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, junto con la responsable de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de Antifraude, Lourdes Parramon.

El barómetro es un estudio que recoge datos sobre la percepción de la corrupción en Cataluña, sobre los niveles de transparencia e integridad en las Administraciones Públicas catalanas y sobre actitudes y comportamientos de la ciudadanía y se realiza de forma bianual desde el año 2010.

La percepción de la corrupción disminuie, aunque un elevado porcentaje de los encuestados considera que es un problema grave o bastante grave en Cataluña

De los resultados del Barómetro se desprende que la percepción de corrupción está asentada en niveles altos: 67% (gráfico 1) considera que hay mucha o bastante corrupción ante el 71,9% del barómetro del 2018. Cabe destacar que a pesar de ser un porcentaje elevado, destaca la tendencia a la baja de los catalanes que consideran que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción. Una cifra que en el 2014 alcanzó su punto más álgido con un 82,3%.

Gráfico 1. En Cataluña hay mucha o bastante corrupción

Sin embargo, este año un 79,5% de los encuestados percibe que la corrupción en Cataluña como un problema grave o bastante grave, una cifra que el 2018 se situaba en el 81,3% (gráfico 2).

Gráfico 2. La corrupción en Cataluña es un problema muy o bastante grave

Por género, las mujeres tienen la percepción de que hay más corrupción que los hombres (71,6% versus un 61,6%), la consideran un problema grave en mayor medida que los hombres (44,5% versus un 36,6 %) y también son más permeables a la creencia de que la corrupción ha aumentado (35,7% frente al 24,1% de los hombres).

No obstante, cuando se trasladan las preguntas a la experiencia personal y directa, los resultados caen de manera drástica. El 18,2% responde haber visto conductas impropias en el lugar de trabajo, frente al 30% del 2018 y baja la identificación de criterios inapropiados en la aplicación de la norma (15,1% frente al 22, 9% de 2018), el favorecer familiares, amigos, empresas o a un mismo (17,8% frente al 22,5% del 2018), la aceptación de regalos (8,7% frente al 12,2% de 2018) y la aceptación de un soborno (3,5% frente al 4,2% de 2018).

Gráfico 3. En los últimos dos años, en Cataluña, ha visto personalmente en alguna institución pública que un trabajador abusara de su posición en beneficio privado ...

La ciudadanía es ligeramente más laxa ahora que hace dos años

La tolerancia social hacia comportamientos inapropiados experimenta una evolución irregular. Hay conductas en que la ciudadanía relaja ligeramente sus estándares y en otros aumenta con un pequeño porcentaje su reprobación.

La conducta del alto cargo que admite como regalo una caja de vino crece en aceptación (un 21,1% lo considera ahora una práctica aceptable, frente al 17,7% en 2018). Y lo mismo ocurre con el hecho de que una persona que trabaja en el sistema sanitario público ayude un familiar a saltarse la lista de espera (14,4% de este año versus el 11% de 2018). En cambio, que un político contrate un amigo íntimo por un cargo de confianza es aceptado por un 6,4% respecto al 8,5% del barómetro anterior.

Hacer trampa en el empadronamiento para elegir escuela cuenta con la justificación del 26,9% (28,2% en 2018) mientras que llamar a un médico amigo para evitar la lista de espera lo considera justificable un 22,1% (frente al 22,7% del año 2018) y un 13,8% considera justificable no pagar el IVA correspondiente (12,9% en 2018).

Baja el porcentaje de catalanes que considera que los partidos políticos se financian ilegalmente

La visión que tiene la ciudadanía de la política y los que se dedican no es buena: la percepción de poca o nula honestidad se sitúa en un 53%, una cifra, sin embargo, que experimenta un ligero descenso de más de un punto respecto la ola del barómetro anterior (54,2%). Baja significativamente el porcentaje que cree que los partidos políticos se financian ilegalmente (un 43,1% de, mientras que en 2018 era más de la mitad, un 51,9%) (gráfico 4).

Gráfico 4. Grado de honestidad de los cargos políticos

En este sentido, en la segmentación por edad, los jóvenes de 18 a 29 años son los más tolerantes con las conductas corruptas. Por ejemplo, esta franja de edad duplica respecto al total considerar muy o bastante aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para beneficiar un grupo económico en atención al apoyo que éste ha dado a su partido: el 35,3% de los jóvenes entre 18 y 29 años frente al 8,7% de los que tienen entre 45 y 64 años creen aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para beneficiar a un grupo económico en atención al apoyo que éste ha dado a su partido respecto al 15,4% del conjunto de los encuestados.

Respecto la consideración de conductas corruptas, los jóvenes también son más tolerantes con la corrupción. Por ejemplo, el 43,1,% de los jóvenes entre 18 y 29 años y el 12,7% de los que tienen más de 65 años creen aceptable que un funcionario utilice un bien público (coche, teléfono ...) para una finalidad privada frente al 18,9% del conjunto.

Gráfico 5. Financiación de los partidos políticos

Un 78,6% de la ciudadanía censura los vínculos entre política y negocios

La ciudadanía sigue censurando los vínculos demasiado estrechos entre política y negocios (un 78,6% de, aunque en 2018 lo hacía un 82,9% de) y es bastante crítica con la rendición de cuentas sobre la gestión política (un 84,1 % considera que los políticos no explican suficientemente su gestión, aunque este dato retrocede también de manera significativa, en 2018 lo creía un 89,8%). Correlativamente, un 85,1% considera que las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés son poco o nada transparentes, mientras que hace dos años lo hacía el 80,5%. El 85,8% de mantiene la creencia en que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos debería estar controlado por un organismo independiente.

En el Barómetro de este año, y debido a la situación de emergencia que vivimos, se ha incorporado la percepción de la correlación entre las situaciones de emergencia (como una pandemia) y el aumento del riesgo de corrupción, que ha detectado un 61,2% de los encuestados.

La percepción de la honestidad del personal de la administración disminuye y también desciende la percepción de corrupción en los servicios públicos

Se observa un descenso en la confianza en el personal al servicio de la administración. Un 59,9% de los encuestados considera que el personal de la administración es muy o bastante honesto, frente al 69% del año 2018.

Respecto a los resultados del barómetro de hace dos años, disminuye ligeramente la sensación de que la corrupción está muy o bastante extendida en las áreas de riesgo. Se observa por primera vez una disminución leve en los porcentajes de percepción de corrupción en los servicios públicos. Concretamente, en el Barómetro 2020 los catalanes consideran que la corrupción está muy o bastante extendida en Obras Públicas en un 75,1% de (83,5% de 2018), Urbanismo en un 67,7% (78,3% de 2018) y Justicia en un 58,9% (65, 3% en 2018).

En cuanto a las instituciones, también decrece la percepción de mucha o bastante corrupción y las que encabezan la lista con más percepción de corrupción son los partidos políticos con un 76,5% de frente al 82,7% del 2018, las entidades financieras, que descienden de la primera posición a la segunda, con un 70,2% versus el 90% de 2018 y en la tercera posición se sitúan los medios de comunicación con un 59,35% frente al 60% del 2018 -una posición que ocupar los sindicatos en el Barómetro de 2018 - (gráfico 8). En referencia a las actividades públicas también disminuye la percepción de mucha o bastante corrupción respecto al Barómetro del 2018. Así, respecto al barómetro de hace dos años los contratos pasan de un 76,7% de a un 67,9% la concesión de licencias y autorizaciones de un 68% a un 57,9% de las subvenciones de un 66,5% a un 54,6% de.

Gráfico 6. Corrupción muy o bastante extendida por servicios públicos

Gráfico 7. Corrupción muy o bastante extendida por instituciones

Disminuye la percepción sobre la transparencia en las instituciones

La visión ciudadana sobre la transparencia de las instituciones es crítica, ya que un 59% las considera poco o nada transparentes (respecto al 54,8% de la anterior oleada), si bien, a pesar de las oscilaciones, hay un progreso sostenido en la última década.

La denuncia escala hasta el 38,8% como vía preferida para involucrarse de manera activa en la lucha contra la corrupción ante el 36,1% de 2018, pero las personas encuestadas también contemplan otras fórmulas (el voto, asociarse o hacer difusión pública de la corrupción). En cuanto a los escollos para la denuncia de los casos de corrupción radican en circunstancias ajenas a la propia voluntad: se disparan, como principales motivos aducidos, la dificultad de obtener pruebas (para más de la mitad de los ciudadanos / as) y el miedo a las represalias (que inhibe el 29,2%).

Gráfico 8. Por cuál de los siguientes motivos usted se plantearía no denunciar un caso de corrupción del que tiene conocimiento?

Gráfico 9. ¿Qué es lo más efectivo que una persona como usted puede hacer para ayudar a combatir la corrupción en Cataluña?

Sin embargo, en cuanto a la información sobre corrupción que ofrecen los medios de comunicación, los encuestados consideran poco o nada objetiva por un porcentaje notable del 74,9%, una cifra que aumenta significativamente respecto a 2018, que se situó en el 66,2% (gráfico 11).

Gráfico 10. Objetividad de la información ofrecida por los medios de comunicación

Por otra parte, la ciudadanía otorga la nota de un 5,81 a la policía para combatir la corrupción, un 5,72 a las ONG y otras asociaciones, un 5,55 en la Oficina Antifraude y suspende a la justicia y los medios de comunicación con un 4,87 y un 4,5, respectivamente.

Este es el 6º barómetro sobre La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas y forma parte de una serie iniciada en 2010 con la que se pretende mejorar el diseño de las políticas públicas en este ámbito, especialmente desde la Prevención. El trabajo de campo se realizó del 5 al 28 de octubre de 2020, mediante llamadas telefónicas a 850 personas.