Antifraude recuerda la obligación de las empresas de tener un sistema interno de información para alertar de posibles infracciones del Derecho de la Unión Europea
La Oficina Antifraude de Catalunya participa, como Autoridad Competente para la Protección de Personas Alertadoras, en la sesión informativa '¿Tu empresa tiene un canal interno de denuncia? Analizamos la obligación legal' organizada conjuntamente con ACCIÓ
El objetivo del seminario es dar pautas de comportamiento a las empresas y crear conciencia de la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción , después de casi un año y medio de su entrada en vigor
11 de julio de 2024. Hoy se ha celebrado la sesión online '¿Tu empresa tiene un canal interno de denuncia? Analizamos la obligación legal', organizada por la Oficina Antifraude y ACCIÓ. El Secretario de Empresa y Competitividad y Consejero delegado de ACCIÓ, Albert Castellanos, ha sido el encargado de dar la bienvenida al acto y el Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha hecho la presentación.
Durante su intervención, Gimeno ha mostrado la predisposición de la Oficina Antifraude de ayudar en todo lo posible a las empresas con más de 50 trabajadores que deben aplicar de la Ley 2/2023, “queremos promover las obligaciones y ventajas de aplicar la ley”. También ha recordado que “Antifraude es la Autoridad Independiente de Protección a Personas Informantes en el ámbito competencial de Catalunya. Paradójicamente el Estado todavía no ha creado la Autoridad estatal que sería la base para poder coordinar al resto de autoridades”.
El Director de Antifraude ha recordado que "la ley contempla la punición, pero desde la Oficina Antifraude primero queremos informar y difundir antes de tener que sancionar". Gimeno ha aseverado que “el canal interno no es cuestión formal, tiene un efecto preventivo y en caso de contingencia evita la impunidad. Mejor poder arreglar las cosas en la propia empresa”. Ha terminado haciendo un llamamiento al cumplimiento normativo, "aunque sabemos que tiene cargas económicas y no es fácil de aplicar".
Acto seguido ha iniciado la mesa redonda que ha moderado la Jefa de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de Antifraude, Lourdes Parramon, y donde han intervenido la Directora del Departamento Jurídico de PIMEC, Itziar Ruedas, el abogado especialista en cumplimiento normativo, Miquel Fortuny, y la Técnica de Prevención de la Oficina Antifraude, Elisenda Escoda.
Escoda ha destacado que desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023 "se han atendido más de 300 consultas sobre la aplicación de la norma. Para aplicar la ley es necesario interpretarla y esto ha generado muchas dudas". En este sentido, ha recomendado el servicio Preguntas más frecuentes de la Ley 2/2023 que ofrece la web de Antifrau y ha señalado que “por ahora no existe un desarrollo normativo que permita aclarar las dudas. Nos encontramos en le proceso de construir pautas interpretativas, de generar doctrina".
La Técnica de Prevención de Antifraude ha recordado que Antifraude dispone del Buzón de denuncias anónimas que realiza las funciones de canal externo. “El canal de alertas que ya teníamos a disposición para el sector público se vuelve más generalista y engloba también al sector privado. Esto se ha visto reflejado en un crecimiento exponencial de las denuncias recibidas”, ha dicho Escoda. También recordó que Antifraude, como Autoridad competente para la protección de personas alertadoras, también tiene el encargo de supervisar los sistemas internos de información y llevar un registro de los responsables de estos sistemas.
La Directora del Departamento Jurídico de PIMEC, Itziar Ruedas, ha destacado que las pequeñas y medianas empresas, más del 99% en Catalunya, a menudo tienen dificultades para aplicar el cumplimiento normativo porque carecen de los recursos y la estructura de las grandes empresas. También ha alertado de la falta de información que tienen las pymes sobre el procedimiento del canal interno "porque hay empresas que sí han establecido el sistema interno de información pero no saben que deben comunicar quién es el responsable en Antifraude".
El abogado especialista en cumplimiento normativo, Miquel Fortuny, también diferenció entre las pymes y las empresas de más de 250 trabajadores porque estas últimas llevan unos diez años con mecanismos para aplicar el cumplimiento normativo. También ha remarcado sobre la protección legal que pueda tener o no el directivo responsable del canal interno y ha recordado que "la ley permite compartir recursos en la implementación del sistema interno de información".