Las agencias y oficinas antifraude catalana, valenciana, balear y de Barcelona reclaman una transposición ambiciosa de la directiva europea de protección de las personas alertadoras

Las instituciones han participado en el seminario "¿Qué pasará el 17 de diciembre?" donde han analizado los retos y oportunidades de la directiva que debe transponer a la legislación española y han compartido las experiencias de las propias organizaciones

Los responsables de las oficinas y agencias antifraude durante el seminario

10 de junio de 2021. La Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en las Islas Baleares (OAIB) y el Ayuntamiento de Barcelona han organizado este mediodía la sesión en línea "¿Qué pasará el 17 de diciembre? ". El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ha sido el encargado de presentar y moderar el acto. En el seminario ha intervenido el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, el director de la Oficina de las Islas Baleares, Jaime Far, el director de la Agencia Valenciana, Joan Llinares, y la directora de Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Rosa María Sánchez.

Los responsables de las oficinas y agencias antifraude han hecho un primer turno de intervención para explicar brevemente las funciones y competencias de los propios organismos. Todos los participantes coincidieron en destacar la importancia de la prevención en la lucha contra la corrupción y la necesidad de disponer de canales de denuncia eficientes.

El primer tema que se ha tratado ha sido el de la figura del denunciante y los canales de denuncia de los que dispone cada institución, que en todos los casos aceptan denuncias anónimas. Las oficinas catalana y balear tienen una regulación similar que asegura la confidencialidad de las denuncias y contemplan incluso sanciones internas si de alguna manera la propia institución expusiera a la persona alertadora. El anonimato, como decíamos, está contemplado desde el inicio de presentar una denuncia. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha destacado que "más del 50% de las denuncias que llegan a Antifraude se presentan a través del buzón de denuncias anónimas, y un porcentaje muy elevado de estas denuncias son hechos ciertos". En este sentido, la directora de Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Rosa María Sánchez, ha dicho que "el año 2016, antes de la implementación del Buzón de comunicaciones, recibimos 63 denuncias. Una vez implementada y con la opción del anonimato, en 2017 las denuncias llegaron casi a 500". Tanto Sánchez como Llinares han criticado que la directiva europea ciña la capacidad de denuncia al propio ámbito laboral y a las personas físicas, y creen que la transposición en España debería ir más allá y permitir la denuncia a las entidades jurídicas y desde fuera del propio ámbito laboral.

A continuación el moderador, Manuel Villoria, ha pedido al director de Antifraude, como organismo con más experiencia y volumen de denuncias recibidas, que explicara el procedimiento de las actuaciones de investigación. Gimeno ha explicado el recorrido que tiene una denuncia una vez llega a la Oficina Antifraude y las diversas maneras como puede cerrarse una actuación. El director de Antifraude ha comentado la limitación de facultades que tiene la Oficina por la propia ley y remarcó que la institución hace un seguimiento de los expedientes que ha tenido que traspasar a otros organismos cuando no tiene competencia.

El siguiente tema que se ha tratado ha sido el de la protección de las personas alertadoras. El director de la AVAF, la única institución del estado con esta competencia otorgada por ley, explicó que el Estatuto de protección de la persona alertadora activa cuando debido a un proceso judicial el denunciante debe identificarse . En este momento la agencia valenciana activa medidas concretas como hacer acompañamiento a esta persona y elaborar informes que se tienen en cuenta en casos de represión, informes que ya han favorecido casos de readmisión tras represalias laborales. La AVAF incluso puede imponer sanciones a instituciones que van de los 30 mil a los 400 mil euros.

Acto seguido Villoria ha preguntado a las instituciones sobre posibles injerencias políticas. El director de Antifraude ha dicho que la independencia respecto a los gobiernos "se debe hacer valer y defender cada día desde la propia institución". Jaime Far destacó la limitación que se tiene cuando se depende de los presupuestos públicos. La directora de Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona ha comentado que en este aspecto la prevención también es importante y que hace falta una labor de concienciación como formaciones de ética para cargos públicos. Joan Llinares ha confirmado que se ha intentado controlar a los órganos de control y la intención de influir políticamente en los expedientes de investigación.

En cuanto a la transposición de la directiva europea de protección de las personas alertadores, el moderador ha preguntado sobre la arquitectura institucional que esta debería tener. Miguel Ángel Gimeno ha dicho que se debería respetar la autonomía actual de los organismos territoriales y locales y ha destacado el valor de su proximidad. Eso sí, el director de Antifraude ha remarcado que "hace falta una estrategia de lucha contra la corrupción que unifique las actuaciones a nivel estatal". El director de la oficina balear ha expresado en la misma línea y ha añadido que "hace falta una entidad autónoma que proteja a las personas denunciantes, que sea imparcial para generar confianza, y que disponga de recursos suficientes". Rosa María Sánchez ha reclamado el respeto al principio de autonomía local "porque da sus frutos como demuestran los casos de Barcelona y Madrid". Joan Llinares ha dicho que la nueva norma debe basarse en el principio de coordinación que permita a territorios y ayuntamientos tener las propias oficinas, y quien no lo quiera acogerse al principio de subsidiariedad. También ha destacado el retraso en España a la hora de legislar sobre un tema donde ya tiene compromisos adquiridos desde el año 2006 con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Después se ha tratado del reto que significa la posibilidad de recibir muchas más denuncias que puedan rechazar otros nuevos canales previstos en la directiva. El director de Antifraude ha dicho que los nuevos canales de denuncia pueden generar dudas como por ejemplo las competencias de un organismo público ante el canal de una empresa privada, o la imposibilidad de tratar sectores como los previstos en la directiva en temas de transporte, seguridad nuclear o alimentación. Para el director de la AVAF los nuevos canales de denuncia y los amplios sectores que abarca significan el retoque de muchas normas jurídicas y hará falta mucha voluntad legislativa para concluir todos estos cambios.

Para finalizar, Manuel Villoria ha preguntado a los representantes de las oficinas y agencias de lucha contra la corrupción qué aportará la transposición de la directiva europea a las propias instituciones antifraude. Joan Llinares ha destacado la legitimación a nivel europeo de la tarea que ya se hace a nivel territorial. Gimeno ha destacado la oportunidad que tiene el Estado Español para ir más allá de lo que pide la directiva europea. Para Jaime Far representa la consagración definitiva de la necesidad de la existencia de este tipo de organismos. Rosa María Sánchez ha remarcado la importancia de la creación de los canales de alerta internos y que es un paso adelante en la protección de los alertadores.

Elace al vídeo del webinar "¿Qué pasará el 17 de diciembre?"