David Martínez García, director executiu
de Transparency International Espanya. Foto:
Ana Majía
La confianza ciudadana es el cimiento invisible sobre el que se erige toda arquitectura democrática. Requiere un compromiso permanente y compartido con la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad pública para poder subsistir. Pero cuando la corrupción se instrumentaliza como arma de confrontación política, se debilita el debate público, se erosiona la confianza y se intensifica la desafección institucional, contribuyendo a la percepción de una institucionalidad frágil, distante de los parámetros de solidez y responsabilidad que deben regir en una democracia madura.
Hoy rendimos homenaje a Jürgen Habermas, evocando su firme convicción de que la calidad del debate público no es un elemento accesorio, sino el fundamento indispensable de la racionalidad y legitimidad de las decisiones públicas. Porque la solidez de las decisiones públicas depende, de manera esencial, de la calidad del debate que las antecede y las fundamenta, así como de la capacidad institucional para articular consensos en torno a soluciones de carácter general frente a problemas de naturaleza común.
La reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (CPI por sus siglas en inglés) ha puesto de manifiesto un retroceso en la puntuación de España, situándola en la posición 49 de 182 países con 55 puntos sobre 100, compartiendo de este modo clasificación con Chipre y Fiji. Aunque este año ha supuesto solamente el descenso de un punto, los resultados de los últimos años muestran una tendencia de estancamiento en nuestro país que refleja la persistencia de debilidades institucionales en materia de integridad pública, así como la dificultad del sistema político para articular consensos amplios en torno a reformas anticorrupción.
A pesar de que España mantiene una posición relativamente favorable en comparación con el promedio global, su puntuación se sitúa sistemáticamente por debajo de la media de la Unión Europea y lejos de los países que lideran el índice, como Dinamarca o Finlandia. Este dato confirma que, pese a los avances normativos introducidos durante la última década, el país aún enfrenta déficits estructurales en el diseño y aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción. Entre los principales déficits identificados por expertos y organismos internacionales destacan la insuficiente independencia y dotación de recursos de los órganos de control, las limitaciones en la regulación de los conflictos de intereses, la escasa protección efectiva de los denunciantes de corrupción y la falta de una regulación adecuada de los grupos de interés, entre otros. A ello se suma una persistente percepción de politización en determinadas instituciones clave, lo que debilita la confianza ciudadana en los mecanismos de rendición de cuentas.
Un factor particularmente relevante que contribuye a este estancamiento es la falta de consenso político en materia anticorrupción. A diferencia de otros países europeos donde las reformas institucionales han sido fruto de pactos transversales, en España las iniciativas legislativas relacionadas, por ejemplo, con la transparencia y el acceso a la información, la regulación del lobby o la reforma de los organismos de supervisión han estado con frecuencia condicionadas por una polarización política. Esta dinámica dificulta la aprobación de reformas ambiciosas y sostenidas en el tiempo, al tiempo que introduce incertidumbre sobre su continuidad. La ausencia de acuerdos amplios no solo ralentiza la adopción de nuevas medidas, sino que también limita la eficacia de las ya existentes. Las políticas de integridad requieren estabilidad institucional, recursos adecuados y una clara voluntad política compartida. Sin estos elementos, las reformas tienden a fragmentarse y a producir impactos limitados en la percepción pública de la corrupción.
Se dice con frecuencia que el referente ha de encontrarse siempre en quienes ocupan las posiciones más altas en el CPI; no obstante, aquí propongo dirigir también la mirada hacia aquellos que, partiendo de posiciones inferiores, están protagonizando dinámicas de convergencia hacia mejores puntuaciones y que merecen especial consideración. Concretamente me quiero referir aquí brevemente a Grecia, un país que, desde el año 2012, ha experimentado un incremento de hasta catorce puntos.
Pese a sus diferencias, España y Grecia comparten varios factores estructurales que afectan su desempeño anticorrupción. Comparten un modelo mediterráneo de gobernanza y en ambos contextos los escándalos han tenido un impacto relativamente estructural. En el caso griego, si bien se observa también un grado relevante de polarización política, la crisis financiera ocurrida entre 2008 y 2015 dio lugar a transformaciones sustantivas, particularmente en lo relativo a la modernización de la administración tributaria, la digitalización de la gestión pública y la creación de nuevas entidades de control y supervisión. Pero mientras Grecia ha promovido procesos de reforma relativamente estables, en gran medida bajo condicionamientos externos, España ha experimentado una mayor politización del debate en torno a la corrupción. Esta circunstancia ha obstaculizado la consolidación de políticas públicas sostenidas en el tiempo, generando una variabilidad de los marcos de integridad en función de los ciclos políticos, lo cual limita la construcción de diagnósticos compartidos y la articulación de espacios de deliberación institucional efectivos. En contraste con experiencias comparadas, tales como las de Chile, Rumanía, Finlandia y Costa Rica, nuestro país no ha logrado desarrollar una estrategia nacional integral y consensuada en materia de lucha contra la corrupción. En consecuencia, este fenómeno ha dejado de ser concebido como un problema público de carácter transversal, para convertirse en un instrumento discursivo inserto en la dinámica de la competencia política.
Pero más allá de la comparación internacional, la evolución del caso español plantea una pregunta fundamental: ¿por qué algunas democracias experimentan dificultades persistentes para mejorar sus indicadores de integridad institucional incluso cuando adoptan reformas legales relevantes?
Quisiera destacar por ejemplo la existencia de una diferencia sustantiva entre España y Grecia en un ámbito especialmente relevante de las políticas de integridad y prevención de la corrupción, y que es concretamente en lo que respecta a los mecanismos de control, fiscalización y verificación de las declaraciones patrimoniales de altos cargos y representantes públicos. En este caso, el ordenamiento griego, las declaraciones de bienes, ingresos y actividades se encuentran sometidas a procedimientos de control, fiscalización y verificación por parte de autoridades competentes, principalmente a través del sistema Pothen Esches (“πόθεν έσχες”), el cual es supervisado por comités parlamentarios y órganos de naturaleza judicial. Dichas declaraciones no se agotan en un cumplimiento meramente formal, sino que son objeto de revisión sustantiva por instancias especializadas. Asimismo, el marco normativo prevé un régimen sancionador aplicable a supuestos de omisión de información, falsedad declarativa e incremento patrimonial no justificado.
Si bien su implementación no ha estado exenta de limitaciones, el sistema Pothen Esches ha contribuido a reforzar la transparencia patrimonial y a facilitar el escrutinio público de las élites políticas en Grecia y constituye, en este sentido, un instrumento relevante de prevención de la corrupción, en la medida en que impone a los responsables públicos la obligación de justificar el origen de su patrimonio.
Por el contrario, en España el sistema de verificación presenta un alcance más limitado, caracterizándose por un control predominantemente formal y no sistemático. Adicionalmente, las declaraciones no se encuentran plenamente disponibles en formatos abiertos y accesibles, ni existe un mecanismo estructurado e integral de verificación patrimonial equiparable al modelo griego. En consecuencia, para España, la eventual adopción de un sistema más robusto de declaración patrimonial, sometido a verificación y auditoría por una autoridad independiente, podría fortalecer de manera significativa los estándares de integridad pública, especialmente si se articula con políticas de transparencia, herramientas de análisis de datos y mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil.
Del mismo modo, para mejorar su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción y fortalecer la calidad institucional, España podría avanzar en varias líneas estratégicas. En primer lugar, resulta fundamental reforzar la independencia, profesionalización y capacidad operativa de los organismos encargados de prevenir y perseguir la corrupción. Ello implica dotarlos de mayores recursos, garantizar procesos de nombramiento transparentes y reducir la influencia partidista en su funcionamiento.
En segundo lugar, es necesario profundizar en la regulación de la integridad pública mediante marcos más robustos sobre conflictos de intereses, incompatibilidades y actividades de lobby. La adopción de registros obligatorios de grupos de interés, así como mecanismos efectivos de seguimiento y sanción, contribuiría a aumentar la transparencia en la toma de decisiones públicas.
Asimismo, la protección de los denunciantes constituye un elemento clave para detectar irregularidades y fortalecer los sistemas de alerta temprana. La implementación plena de mecanismos de denuncia seguros, confidenciales e independientes puede mejorar significativamente la capacidad institucional para identificar prácticas corruptas antes de que se consoliden.
Otra dimensión esencial es la promoción de una cultura de integridad en la administración pública. Esto requiere programas sistemáticos de formación ética, códigos de conducta claros y evaluaciones sólidas y periódicas de riesgos de corrupción en los distintos niveles de gobierno. En este sentido, el ámbito local resulta especialmente relevante, dado que muchas decisiones relacionadas con contratación pública, urbanismo o gestión de recursos se adoptan en ese nivel administrativo.
Finalmente, cualquier estrategia anticorrupción eficaz debe sustentarse en un consenso político amplio y duradero. La experiencia comparada muestra que los países con mejores resultados en el CPI han logrado institucionalizar consensos de integridad que trascienden los ciclos electorales. En el caso español, la construcción de un acuerdo transversal que priorice la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia institucional podría constituir un punto de inflexión para mejorar la percepción de la integridad pública.
En definitiva, los resultados de España en el Índice de Percepción de la Corrupción no deben interpretarse únicamente como un indicador reputacional, sino como una oportunidad para identificar debilidades estructurales y promover reformas institucionales. Avanzar hacia un sistema más robusto de prevención y control de la corrupción requiere voluntad política, cooperación interinstitucional y una apuesta sostenida por la integridad pública como pilar fundamental de la calidad democrática. Un país que convierte la corrupción en un instrumento de confrontación política corre el riesgo de quedar atrapada en una paradoja institucional: todos denuncian la corrupción, pero pocos están dispuestos a cooperar para erradicarla. Así, no sólo es la ausencia de normas lo que debilita la lucha contra la corrupción, sino la insuficiencia de consensos éticos y cívicos capaces de sostenerlas, dotarlas de eficacia y conferirles una legitimidad duradera.
