Día Internacional contra la corrupción

El director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, reitera la necesidad de construir una Estrategia Nacional de lucha contra la corrupción

En motivo de esta fecha y coincidiendo con la reciente publicación de la Directiva Europea de protección de las personas alertadores, Antifraude hace público un monográfico sobre el contenido de la Directiva

Día Internacional contra la corrupción
Día Internacional contra la corrupción

Hoy en el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina Antifraude se adhiere a esta efeméride de carácter mundial. Según Naciones Unidas cada año se paga un billón de dólares en sobornos y calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales a través de la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según un estudio universitario, el coste social de la corrupción en España es de 40 mil millones de euros.

La corrupción es un fenómeno que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. E impacta directamente en los derechos humanos, generando un amplio abanico de desigualdades. Ningún país, región, comunidad o estado está vacunado contra esta pandemia que afecta a todo el mundo.

Hoy, como cada día, Antifraude quiere reafirmarse en la necesidad de construir una Estrategia Nacional de lucha contra la corrupción. Una estrategia que no sólo incorpore elementos reactivos. Es esencial la prevención, en la que hemos de situar la construcción de una integridad pública. Por este motivo, hace unas semanas, la Oficina Antifraude envió un informe al Gobierno de la Generalitat de Cataluña donde se recogen 45 propuestas, fruto de los 10 años de experiencia de esta institución, para poder ser incorporados a la estrategia de lucha contra la corrupción en Cataluña, que está elaborando el ejecutivo catalán. Unas propuestas hechas sobre 15 ámbitos de actuación, como por ejemplo, en Transparencia y acceso a la información, Integridad institucional, Organismos de control, Conflictos de interés, Función Pública, Contratación Pública, Subvenciones, Urbanismo o Partidos Políticos.

En los últimos años hemos presenciado una larga lista de casos de corrupción que han salido a la luz pública -algunos ya han sido juzgados- gracias a una figura clave: las personas alertadoras. Quien denuncia comportamientos ilícitos se expone a sufrir represalias en el ámbito profesional e incluso en el personal. Por este motivo, desde la institución que represento no puedo más que mostrar mi satisfacción por la reciente aprobación de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. Los Estados tendrán que transponer a más tardar el 17 de diciembre de 2021, y pueden ir más allá de las disposiciones mínimas a que obliga la Directiva.

La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea coincide en el tiempo con la tramitación en el Parlamento de Cataluña de la Proposición de Ley de protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la Generalitat. Y también con iniciativas similares en el Congreso -que han decaído con la finalización de la XII legislatura-.

Estas iniciativas son necesarias y muy oportunas desde el punto de vista de la Oficina que ya hace diez años que trabaja para evitar la situación de vulnerabilidad que pueden sufrir los alertadores.

Con la voluntad de divulgar las características principales de la normativa, el gabinete jurídico de Antifraude ha elaborado un monográfico para dar a conocer los ítems principales que se recogen. Y es que en la voluntad de construir un marco normativo integral para luchar contra la corrupción y el fraude, la protección de los alteradores debe entenderse como una herramienta más, alternativa y segura al silencio.

Miguel Ángel Gimeno

Director de la Oficina Antifraude de Cataluña