La Unión Europea publica la Directiva relativa a la protección de las personas alertadoras de irregularidades en el ámbito laboral

Los Estados miembros tendrán hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponer la directiva, que se aplicará a las personas alertadoras que trabajan en el sector público o privado y que hayan obtenido información sobre infracciones en el marco de su relación laboral entendida en sentido amplio

Plenario del Parlamento europeo. Foto: European Union 2011 PE-EP
Plenario del Parlamento europeo. Foto: European Union 2011 PE-EP

Hoy el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado la Directiva relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión . Con esta publicación, se da un primer paso esencial para la protección en toda Europa de aquellas personas que denuncien irregularidades que implican una grave amenaza para el interés público tanto en el sector público o en el privado.

La Directiva no tiene un alcance general, sino que establece normas mínimas comunes para proteger a las personas que denuncien determinadas infracciones del Derecho de la Unión. Pero, entre otros, ha vuelto a poner de manifiesto el papel clave que desempeñan las personas alertadores para prevenir y descubrir infracciones, casos de fraude y corrupción y otras conductas que lesionan gravemente el interés público.

Cuando la Directiva entre en vigor, será de aplicación a las personas alertadoras que trabajan en el sector público o privado y que hayan obtenido información sobre infracciones en el marco de su relación laboral entendida en sentido amplio.

En relación con las denuncias anónimas, se deja en manos de los Estados miembros la facultad de decidir si las entidades públicas o privadas y las autoridades competentes deben aceptar y tramitar, o no, las denuncias anónimas de infracciones, aunque si posteriormente la persona fuera identificada será objeto de protección de la Directiva.

Por otra parte, las entidades del sector público y entidades vinculadas deberán contar en todo caso con canales internos de denuncia aunque en determinadas circunstancias se podrán compartir recursos o eximir de la obligación de contar con estos canales (sería el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes o entidades de menos de 50 trabajadores).

Como principio general, se promueve la denuncia a través de los canales internos de denuncia que serán de obligada implantación para las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores, aunque las empresas de entre 50 y 249 trabajadores podrán compartir recursos a excepción de algunas entidades que por la naturaleza de sus actividades deberán contar en todo caso con canales y procedimientos de denuncia interna.

La persona alertadora también podrá comunicar la denuncia a autoridades competentes externas que se designarán al efecto o llevar a cabo revelaciones públicas en determinados casos.

La Directiva entrará en vigor a los veinte días después de su publicación y los estados miembros de la UE tendrán dos años para transponerla e incluso ir más allá de las disposiciones mínimas que regula. Así, los Estados miembros podrán transponerla hasta el próximo 17 de diciembre de 2021, y en cuanto a las entidades del sector privado de entre 50 y 249 trabajadores se podrá transponer su obligación de contar con canales internos de denuncia hasta el próximo 17 de diciembre de 2023.

En referencia a la directiva que hoy se ha publicado en el DOUE, Antifraude realizó una jornada monográfica el pasado 29 de mayo, en la que se analizaron los aspectos más destacados de esta norma. En este marco, el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, aseveró que la Directiva europea de protección de los alertadores es importante porque da base jurídica y aplica criterios de subsidiariedad y proporcionalidad. También manifestó que para la institución que dirige, la protección de los alertadores siempre ha sido un hecho relevante. En este sentido, apuntó que en la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña ya se incluye la figura del alertador y su protección.

La protección de los alertadores en Cataluña

El Parlamento de Cataluña ya está trabajando desde junio de 2018 en una proposición de Ley integral de protección de las personas alertadoras que quiere dotar de mecanismos adecuados de protección a las personas alertadoras.

De hecho, el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, compareció en sede parlamentaria con relación a la Proposición de ley de Protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la Generalitat. En esta intervención, que se produjo el pasado 16 de septiembre, Gimeno manifestó que la denuncia es una de las patas importantes de la lucha contra la corrupción y añadió que por este motivo es importante la protección de las personas que hacen el paso de proteger el interés público a través de este mecanismo. En esta línea, manifestó la necesidad de disponer de canales de denuncia seguros, independientes y eficientes.