Antifraude participa en la 1ª Cumbre contra la Corrupción, celebrada hoy en el Parlamento de Cataluña

El encuentro, organizado por el Observatorio Ciudadano Contra la Corrupción (O3C), ha reunido a representantes de todos los grupos parlamentarios, de los organismos de control, de entidades ciudadanas y del Gobierno de la Generalitat

El acto responde a la voluntad de hacer un seguimiento de las actividades consensuadas en el marco del Pacto Social contra la Corrupción, aprobado en 2015, y fue convocado por el Pleno del Parlamento de Cataluña el 7 de febrero de este año

A la izquierda, Miguel Ángel Gimeno durante su intervención en la cumbre

17 de julio de 2020. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha participado esta mañana en la 1ª Cumbre contra la Corrupción, que se ha celebrado en el Parlamento de Cataluña y ha reunido a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios con los firmantes del Pacto Social contra la Corrupción (partidos y entidades), y representantes de los organismos de control (Oficina Antifraude de Cataluña, Sindicatura de Cuentas, Defensor del Pueblo, Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y Agencia Tributaria de Cataluña). La cumbre debería haberse celebrado hace meses, pero fue aplazada por la situación de excepcionalidad provocada por la COVID-19.

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y el representante de O3C, Martí Olivella, han sido los encargados de dar la bienvenida al acto. A continuación, las diferentes instituciones y organizaciones han presentado las valoraciones que habían previamente enviado al Pacto Social contra la Corrupción y a la Comisión de Estudio de las Medidas de Lucha contra la Corrupción para la Regeneración Democrática (CEMCORD) del Parlamento.

El director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado las líneas generales de las propuestas que la institución presentó para una política de integridad en Cataluña que se sintetizan en 45 recomendaciones concretas. El director de la Oficina Antifraude ha comenzado su intervención congratulándose por la celebración de la cumbre porque, dijo, "la corrupción no es un problema político, es un problema de la democracia porque ataca la confianza en las instituciones". Gimeno ha defendido la independencia de Antifraude como un valor para la ciudadanía que hay que preservar y ha ofrecido el máximo apoyo al Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. A continuación ha recordado que para luchar contra la corrupción es fundamental controlar las redes de influencia y el acceso desigual a los decisores públicos, que se canalizan con instrumentos como la contratación pública.

"Para ser eficaces hay que partir del hecho de que todas las funciones públicas tienen intrínsecamente riesgos de corrupción y hay que avanzar en la línea de control desde la prevención. Asimismo, se necesitan indicadores de evaluación para medir los progresos y las carencias en la lucha contra la corrupción", ha aseverado el director de Antifraude. También ha reclamado como medidas urgentes la implementación de canales de denuncia seguros en instituciones y empresas, y la protección de las personas alertadoras. Gimeno ha finalizado su intervención recordando que, en situaciones especiales como la pandemia, Antifraude ha hecho recomendaciones específicas, "medidas de emergencia sí, pero con transparencia y rendición de cuentas para controlar que las políticas públicas cumplen, de manera legítima, con su propósito".

Durante la segunda parte de la 1ª Cumbre contra la Corrupción se han evaluado y realizado un seguimiento del estado de ejecución de las diversas medidas consensuadas en el Pacto Social y en el seno de la CEMCORD, aprobadas por el Parlamento el 5 de abril de 2017. Una de las principales medidas urgentes y prioritarias que deben conformar el plan de trabajo implica directamente a la Oficina Antifraude de Cataluña. Concretamente, la medida que se refiere a la protección de las personas alertadoras considera que "la Oficina Antifraude es el organismo idóneo para asumir estas competencias en materia de tutela y protección de las personas denunciantes. No sólo es necesaria esta norma (Ley de protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la Generalitat, en fase de tramitación), sino que la Oficina Antifraude debe ser dotada de los recursos y competencias necesarias para poder garantizar esta protección". Esta medida ha sido valorada positivamente por la unanimidad de las organizaciones e instituciones.

También se ha elaborado un plan de trabajo para la materialización de las medidas más urgentes en la lucha contra las causas estructurales de la corrupción, que fije las prioridades y un calendario de aplicación. Finalmente, se ha creado una comisión ejecutiva para el desarrollo del plan de trabajo.