Acuerdo entre la Oficina Antifraude de Cataluña y el Notariado para prevenir casos de corrupción

Antifraude accederá a las Bases de Datos de Titularidades Reales y de Archivos de Personas con Responsabilidad Pública notariales

Firma del convenio de colaboración entre Antifraude y el Notariado

12 de noviembre de 2020. Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Catalunya; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones, en virtud del cual la oficina antifraude catalana podrá consultar las bases de datos notariales para prevenir casos de corrupción en Cataluña. Joan Carles Ollé, decano del Colegio Notarial de Catalunya estuvo presente en el acto telemático de la rúbrica.

Tras la entrada en vigor del acuerdo, la Oficina Antifraude accederá a las Bases de Datos de Titularidades Reales (BDTR) y de Personas con Responsabilidad Pública, Familiares o allegados de aquellas (BPRP) con el fin de prevenir e investigar posibles delitos. Las consultas a los archivos notariales quedan limitadas a la investigación y examen por parte de Antifraude de conductas presuntamente fraudulentas. El acceso se realizará bajo las condiciones de seguridad exigidas para un nivel alto de confidencialidad según la normativa española de protección de datos personales.

El convenio dotará a la Oficina Antifraude de Catalunya de una mejor información a la hora de investigar casos concretos de destino ilegal de fondos públicos, aprovechamientos irregulares derivados de conductas que impliquen conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones confidenciales propias de cargos institucionales. Asimismo, esta colaboración permitirá recomendar medidas contra la corrupción y otras prácticas fraudulentas que atenten contra la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Antifraude incorporará así la información notarial a sus diversas acciones de intervención, como las visitas de inspección, las entrevistas personales o el acceso a las informaciones bancarias.

Bases de datos del Notariado

El CGN creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Sus técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contiene información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles. De este Índice se derivan a su vez, otros dos archivos: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BPRP).

La BDTR, en funcionamiento desde 2012, es única en el mundo y permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales. Además, se han firmado 82 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real de una sociedad.

El OCP también ha creado la BDRP, en la que están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

Sobre la Oficina Antifraude de Cataluña

La Oficina Antifraude es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia creada por el Parlamento de Cataluña mediante la Ley 14/2008. Su regulación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003; este tratado internacional obligaba a los estados partes a garantizar la existencia de un órgano encargado de prevenir la corrupción. Así, Antifraude se configura como una entidad especializada e independiente adscrita al Parlamento de Cataluña, encargada de prevenir el fraude y la corrupción, y también de investigar, entre otros, posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos.